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Las entidades financieras, sean públicas o privadas, deberán responder por las estafas electrónicas de las que sean víctimas sus clientes.
Así lo establece un proyecto de ley
este miércoles, en primer debate, por los diputados en la Comisión Legislativa con Potestad Plena Tercera del Congreso. La aprobación del expediente fue unánime, con los votos de los 15 legisladores que estaban presentes en la sesión.
Se trata de una iniciativa del legislador Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), que reforma artículos en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y el Código Procesal Civil.
Específicamente, se introducen varios párrafos en el artículo 35 de la ley sobre defensa del consumidor, para establecer la responsabilidad de las entidades financieras por los daños y perjuicios que cause el robo del dinero o patrimonio de las cuentas de los clientes del banco, aunque esa sustracción sea responsabilidad de un tercero ilegítimo no autorizado para entrar en la cuenta del consumidor.
Según explicó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, el delito de estafas electrónicas fue el que más creció entre el periodo 2024 y 2025, pues se incrementó en un 41,3%, pues pasó de 7.095 casos denunciados a 10.027.
La reforma también puntualiza en cuáles casos la entidad financiera no será responsable por la estafa de la que sea víctima su cliente.
La ley dice que el banco no sería responsable cuando se demuestre que se trató de un autofraude, o bien si demuestra que cumple con todos los estándares adecuados de ciberseguridad establecidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La propuesta aprobada también invierte la carga de la prueba, a través de un nuevo inciso en el artículo 41.1 del Código Procesal Civil.
En los casos relacionados con defensa del consumidor, fraudes electrónicos personales o de cualquier tipo de entidades bancarias, la carga de la prueba estará en favor de las personas afectadas.
Eso quiere decir que son las entidades bancarias las que deben demostrar que no tienen responsabilidad en el fraude o estafa que haya sufrido el consumidor y no será el cliente bancario el responsable de demostrar que efectivamente sufrió una sustracción indebida.
El proyecto también obliga a las entidades financieras a establecer mecanismos ágiles para devolverle al consumidor los montos retenidos que presuntamente hayan sido afectados por fraude.
“Las entidades financieras, públicas y privadas, deberán proceder a la devolución de los recursos que logró identificar como provenientes de fraudes, siempre que cuente con suficientes elementos de prueba que permitan concluir el carácter ilegítimo de la transacción”, dice la iniciativa aprobada.
Luego de aprobado el proyecto de ley, Óscar Izquierdo aseguró que la iniciativa busca blindar el sistema financiero y hacerles justicia a todas las personas que han sido estafadas en el país.
“Hay que hacer justicia y que no se estafe a la gente es vital”, dijo el congresista.
