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La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente un proyecto de ley que permitiría a los Tribunales de Justicia procesar a menores de edad por delitos de crimen organizado, mediante solicitud del Ministerio Público.
La propuesta, centrada en el combate de la delincuencia organizada cometida por menores de edad, también habilitaría al Ministerio Público para solicitar medidas cautelares privativas de libertad, con la debida justificación, además de que los imputados sean procesados bajo procesos declarados de tramitación compleja.
Esa declaratoria se podría dar cuando hay una multiplicidad de hechos delictivos o acumulación de procesos contra la misma persona imputada, o bien, cuando se trata de tres o más personas menores imputadas, o tres o más víctimas ofendidas.
“Este proyecto tendrá como efecto el uso de mejores herramientas para investigar, ampliar plazos, imponer medidas cautelares y asegurar que los menores de edad infractores sean juzgados por jueces especializados. Esto aumentará las garantías de que el proceso penal se conduzca de mejor manera”, dijo el diputado Gilberto Campos, del Liberal Progresista (PLP), autor de la iniciativa.
También, se podría proceder con este método cuando se trate de causas relacionadas con cualquier forma de delincuencia organizada, o por delitos graves, es decir, delitos dolosos, cuyo extremo mayor de la pena de prisión sea de seis años o más, según el Código Penal o leyes especiales.
Igualmente, se aplicaría tramitación compleja en los casos donde haya participación organizada de personas adultas con menores de edad en la actividad delictiva.
Por otra parte, la iniciativa autoriza la creación de un registro penal juvenil para que, de forma especializada, se pueda crear un archivo de personas imputadas con suspensión de proceso a prueba o conciliaciones, así como los casos en que se dicte una sanción penal juvenil en causas juzgadas.
El proyecto de ley autoriza al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la recolección, almacenamiento y uso de datos genéticos de las personas imputadas menores de edad.
“Desde la etapa de investigación hasta antes de formularse la acusación, el Ministerio Público podrá solicitar la declaratoria de tramitación compleja y podrá incluir en la solicitud la petición para que la declaratoria y autorización de diligencias de investigación o medios de prueba que requieran autorización jurisdiccional”, explica el texto sustitutivo aprobado en la Comisión de Seguridad.
La normativa permite que los imputados menores de edad sean juzgados por jueces especializados en la jurisdicción penal juvenil, y no por jueces de recargo.
La propuesta de Campos es que las penas impuestas a los menores de edad se cumplan de manera efectiva.
