EscucharUn acuerdo entre los diputados permitió que avanzara un proyecto de ley para impedir el encubrimiento de los delitos sexuales, sin necesidad de obligar a los sacerdotes romper su secreto confesional.
El texto aprobado establece que los sacerdotes católicos estarán exentos de denunciar cuando la información se obtenga a través del sacramento de la confesión. No obstante, en todos los demás casos, los representantes católicos estarán obligados a reportar estos delitos a las autoridades, eliminando cualquier posibilidad de encubrimiento institucional.
Además de los sacerdotes católicos, el texto texto establece que ministros religiosos, abogados, notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y otros profesionales de la salud, así como a funcionarios públicos relacionados con secretos de Estado, tienen el deber de abstenerse de declarar sobre hechos que les hayan sido confiados bajo secreto profesional.
En caso de ser citados por una autoridad, deberán presentarse y explicar los motivos de su negativa a declarar. Sin embargo, estos profesionales sí pueden testificar si la persona afectada los libera del deber de confidencialidad, excepto en el caso del secreto de confesión, que se mantiene inviolable.
La iniciativa fue dictaminada positivamente, por unanimidad, en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. El expediente se denomina Ley contra el silencio en delitos sexuales en perjuicio de la niñez y personas mayores con discapacidad.
Esta iniciativa tiene como objetivo cerrar vacíos legales que han permitido la impunidad de personas que callan y encubren casos de abuso sexual o violaciones.
El proyecto de ley amplía la responsabilidad civil a organizaciones, refuerza el deber de denuncia, exige el cumplimiento de protocolos antes de desestimar casos y elimina la prescripción de la responsabilidad civil por encubrimiento de delitos sexuales contra menores y personas con discapacidad.
La aprobación del proyecto se logró gracias a un acuerdo entre Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio y proponente de la iniciativa; Fabricio Alvarado, diputado de Nueva República; y Montserrat Ruiz, legisladora de Liberación Nacional (PLN) y presidenta del órgano legislativo. Los congresistas lograron consensuar un texto sustitutivo previo a la votación del expediente y así conseguir los votos de Nueva República.
El convenio permitió hacer una excepción en la aplicación del deber de denuncia a organizaciones religiosas, debido a que el diputado Fabricio Alvarado argumentó que el texto inicial violentaba el derecho al secreto profesional de los sacerdotes de la iglesia católica.
Antonio Ortega celebró el avance de la iniciativa. Además del frenteamplista, el texto contó con los votos afirmativos de Fabricio Alvarado y José Pablo Sibaja, de Nueva República; Cynthia Córdoba, del Liberal Progresista (PLP); Alexander Barrantes, de Progreso Social Democrático (PPSD); y la liberacionista Monserrat Ruiz.
“Es muy importante que quede claro que esta iniciativa no solo contó con el apoyo unánime de todas las fracciones, sino que se logró un texto de consenso donde más del 80% del texto original se mantiene.
“El secreto de confesión fue excluido con el objetivo de que pudiera avanzar el resto de la iniciativa, que nos parece que no solo es vanguardista en materia de derechos humanos para todas estas personas, sino que va a dar una mayor cobertura y protección a las personas más vulnerables”, aseveró Ortega, quien espera que el plan sea aprobado próximamente en el Plenario.
Originalmente, el plan buscaba que las autoridades religiosas levantaran el secreto de confesión cuando el confesante lo autorizara, para evitar el silencio y reducir la impunidad. Sin embargo, se opuso la Conferencia Episcopal, que catalogó la propuesta como un “ataque directo a la Doctrina y la Liturgia de la Iglesia Católica en el tema del Sacramento de la Penitencia o de la Confesión”.
Cambios combaten encubrimiento
El resto del proyecto de ley plantea modificaciones al Código Pena con el fin de robustecer el marco legal de protección a las víctimas de abuso sexual.
Uno de los principales cambios propuestos es la ampliación de la responsabilidad civil solidaria a organizaciones y personas jurídicas cuyos personeros, ministros religiosos u otras autoridades sean responsables de delitos sexuales contra menores de edad o personas con discapacidad.
Con esta medida, las instituciones que hayan facilitado, tolerado o encubierto estos actos ilícitos podrán ser demandadas y obligadas a indemnizar a las víctimas por los daños sufridos. Este cambio busca evitar la impunidad y garantizar justicia efectiva para los afectados.
La iniciativa también obligaría a denunciar a las personas que ocupen cargos de autoridad o representación en organizaciones comunitarias, sociales, religiosas o deportivas. Con ello, el plan pretende erradicar el encubrimiento de estos delitos dentro de esa instituciones y asegurar que cualquier indicio de abuso sea reportado de manera inmediata a las autoridades. Según el proyecto, este refuerzo del deber de denuncia es clave para prevenir la repetición de agresiones y proteger a las posibles víctimas.
Además, para evitar la desestimación prematura de casos, el Ministerio Público solo podrá cerrar una denuncia por delitos sexuales contra menores si certifica que se han cumplido los protocolos de actuación estipulados por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Ministerio de Educación Pública (MEP). Esta medida asegura que todas las denuncias reciban el debido seguimiento y que no sean desechadas sin un análisis exhaustivo, fortaleciendo así la respuesta institucional ante estos delitos.
Finalmente, la propuesta busca eliminar la prescripción de la responsabilidad civil derivada del encubrimiento de delitos sexuales cometidos contra menores de edad y personas con discapacidad. De esta manera, las víctimas podrán presentar demandas en cualquier momento, sin restricciones de tiempo, garantizando su derecho a buscar justicia y reparación
