Escuchar
Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa dictaminaron afirmativamente un proyecto de ley para castigar a quienes utilicen la inteligencia artificial (IA) para desinformar mediante redes sociales, medios televisivos, radiales, digitales, electrónicos y tecnológicos.
La multa sería de hasta ¢4,6 millones (10 salarios base).
El castigo se aplicaría cuando se alteren o modifiquen ideas, frases, palabras o contenido lingüístico, creando información falsa para los usuarios o personas.
La misma multa se aplicaría a quienes utilicen IA para engañar, manipular o inducir a error a las personas, mediante archivos de video, imágenes o voz que parezcan originales, auténticos o reales.
El texto busca promover el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) en Costa Rica, a través de la creación de organismos responsables de la vigilancia, desarrollo y regulación de esa tecnología.
Se trata de una iniciativa legal del legislador Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional (PLN), que declara la inteligencia artificial como de interés público y le traslada al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) la responsabilidad como órgano rector en esa materia.
Entre las principales prohibiciones del proyecto de ley, está la de no poder discriminar por ningún motivo a las personas y respetar los derechos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha suscrito el país.
Adicionalmente, se obliga en la propuesta a proteger los datos de las personas, que no pueden ser utilizados para desarrollar IA sin el consentimiento informado de la persona titular o su representante, según la legislación sobre protección de las personas frente al tratamiento de sus datos personales.
De igual forma, en el caso de los datos biométricos, como huellas dactilares, estructura facial, patrón de retina o de ADN, se debe contar con autorización expresa de la persona para poder utilizarse.
“Se prohíbe a toda persona el uso de inteligencia artificial sobre la aplicación de algoritmos que excluyan o discriminen con dolo o culpa grave, en cuanto a la atención de un servicio de salud pública o privada en los centros de salud respectivos, sobre diagnósticos clínicos, exámenes, o tratamientos sobre padecimientos o enfermedades de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados”, establece la propuesta.
El plan exigiría la emisión de un certificado cuando un proyecto, actividad u obra hecha con IA posea características de alto riesgo, a efectos de prevenir daños y perjuicios en los usuarios y el medio ambiente.
A quien no cuente con el certificado de alto riesgo como responsable u operador de sistemas de IA, será multado con hasta ¢9.240.000 (20 salarios base).
El objetivo de la propuesta es promover el uso, la investigación, diseño, desarrollo, despliegue, utilización, implementación y aplicación de la IA en el país, siguiendo principios de ética, responsabilidad, respeto a la dignidad humana, igualdad, equidad y transparencia.
El proyecto de ley dictaminado afirmativamente busca tutelar los derechos de las personas y contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales, laborales, económicas, ambientales, productivas y humanas.
De ser aprobada, la ley será aplicable a toda persona física y jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que desarrolle, investigue, diseñe, use, despliegue o aplique procesos de inteligencia artificial en el país.
Uno de los mandatos más relevantes de la iniciativa legal es que los sistemas de inteligencia artificial deben someterse a la supervisión humana, desde el diseño hasta la implementación de los sistemas.
“Dicha supervisión humana asegura la inclusión en tales sistemas de consideraciones basadas en valores. Lo anterior, significa que el objetivo principal del control humano es evitar que la inteligencia artificial tenga algún impacto negativo en los derechos humanos de las personas, es decir, que el control humano puede facilitar la garantía de principios y valores”, dice la iniciativa.
La ley crearía también la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial (Cidia), con el propósito de promover, facilitar y desarrollar los procesos de IA en el país, como una entidad adscrita al Micitt.
Además, funcionaría un comité de asesoría ético, técnico y científico, que recomendará programas, proyectos, planes y actividades, así como la normativa que proponga la Cidia. Ese comité estará integrado por académicos y especialistas en inteligencia artificial de universidades públicas, comunidad científica, el gobierno y el sector privado.
La regulación incluye normas sobre la autorización del uso de IA en materia de salud y digitalización de las actividades productivas, ciudades y comunidades seguras, agricultura, medio ambiente, investigaciones académicas, pymes, consultas públicas y participación ciudadana, entre otras.
