La Asociación de Abogadas y Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe manifestó su respaldo al Poder Judicial de Costa Rica y expresó su preocupación por la querella presentada por la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
Además, hizo un llamado a lo que calificó como un deterioro de las condiciones institucionales y presupuestarias en las que opera ese poder de la República.
El pasado 30 de julio, la Sala Constitucional emitió una sentencia en la que prorrogó el nombramiento de los magistrados suplentes de ese tribunal hasta que la Asamblea Legislativa elija a sus sustitutos, luego de 11 votaciones fallidas en las que el oficialismo se negó a respaldar las candidaturas propuestas.
El fallo obliga al Congreso a realizar la elección con base en una nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia.
Un día después, el 31 de julio, la presidenta de la República, Laura Fernández, calificó la resolución como un “golpe de Estado” y la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, anunció la presentación de una querella por presunto prevaricato contra los cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
Ante ese panorama, la asociación afirmó que respalda la resolución de la Sala Constitucional al considerar que la prórroga de las suplencias permitió garantizar el funcionamiento del Tribunal y el acceso a la justicia.
Además, indicó que las demandas ciudadanas por una justicia más pronta y accesible son legítimas, pero sostuvo que estas no pueden utilizarse como fundamento para promover acciones penales contra jueces ni para justificar restricciones presupuestarias al Poder Judicial.
Como parte de sus solicitudes, la organización instó a asociaciones de la judicatura, fiscalías y colegios de abogados de la región y de Europa a expresar su respaldo a la comunidad jurídica costarricense.
También solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados dar seguimiento a la situación.
Finalmente, la organización hizo un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que reconsideren la querella presentada, acaten la resolución de la Sala Constitucional mientras permanezca vigente, completen el nombramiento de los magistrados suplentes pendientes y garanticen al Poder Judicial los recursos previstos en la Constitución.