Históricamente, Costa Rica ha sido celebrada junto a Uruguay como uno de los bastiones democráticos más sólidos e inquebrantables del continente americano. Sin embargo, en la actualidad, esta resiliencia institucional se enfrenta a la que quizá sea su prueba más dura: la penetración silenciosa, pero implacable, del crimen organizado.
Dos analistas consultados por La Nación —la criminóloga Tania Molina y el Secretario General de IDEA Internacional, Kevin Casas— coincidieron en un diagnóstico alarmante. El impacto de las redes criminales ya no se limita a un problema de seguridad pública, sino que se ha convertido en “el problema más urgente que está enfrentando la democracia en Costa Rica”.
La contaminación del Estado
El crimen organizado ha cambiado sus lógicas de operación. Atrás quedó la época de la confrontación armada directa. Tania Molina explicó que el narcotráfico no llega a una democracia plena disparando, por el contrario, estas mafias habrían comprendido que “no es tan redituable combatir al Estado como si es redituable contaminarlo”.
Este proceso de captura comienza desde las bases territoriales. Kevin Casas señaló que la cooptación ocurre primero a nivel municipal, buscando tener en planilla al policía local o al funcionario de aduanas. En zonas urbano-marginales, las estructuras criminales llegan incluso a convertirse en un “poder paralelo” que suple las necesidades de la comunidad, de una forma que el Estado no ha sido capaz de hacer.
Sin embargo, el peligro de que esta infiltración escale a las más altas esferas gubernamentales es una realidad. Casas mencionó que la intención de capturar instituciones a nivel nacional existe y citó como prueba el caso del exmagistrado Celso Gamboa.
En marzo de 2026, Gamboa se convirtió en uno de los dos primeros costarricenses extraditados para enfrentar a la justicia estadounidense; fue enviado a Texas junto a Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, para enfrentar cargos por narcotráfico internacional.
De acuerdo con Molina, estas organizaciones operan como corporaciones pragmáticas que, de manera “agnóstica y poliamorosa”, solo buscan relacionarse con el poder para controlar el comercio, los puertos y las licitaciones, sin importar ideologías políticas.
Violencia desbordada y distorsión económica
La cara más visible de esta crisis es el brutal aumento de la violencia homicida. Según Casas, esto es más que evidente en la forma en que Costa Rica pasó de tener unos cuatro o cinco homicidios por cada 100.000 habitantes hace 25 años, a cifras alarmantes de 16 o 17 en la actualidad.
A la par de la sangre, fluye el dinero ilícito. Molina describió el narcotráfico como una “convergencia criminal”, financiada también por contrabando y trata de personas, manejada por personas profesionales, dedicadas a lavar capital a través de empresas fachada.
Por su parte, Casas alertó sobre las profundas distorsiones económicas que esto genera, evidenciadas en un país “inundado de dólares”, lo que, en su criterio, contribuye a la apreciación de la moneda local y encarece el costo de vida.
Así también lo advirtió un informe encargado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). El documento, elaborado por el consultor español Jorge Santiago Fernández-Ordás Llamas, destacó que la “elevada” y abundante cantidad de dólares en efectivo que circula en Costa Rica es una vulnerabilidad frente al lavado de dinero, y podría ser un indicio de flujos vinculados con actividades ilícitas.
El peligro del populismo punitivo
Ante el miedo generado por esta violencia, surge una de las mayores amenazas para la institucionalidad: la tentación autoritaria. Los analistas coincidieron plenamente en el riesgo de que la sociedad ceda sus derechos fundamentales a cambio de las “fórmulas mágicas” o promesas de mano dura que ofrece el populismo punitivo.
Para Molina instalar un estado de excepción “es rendirse”, una capitulación absoluta donde el Estado, al ser incapaz de lidiar con el problema, decide pasarle por encima a los derechos de toda la ciudadanía.
Esta rendición de libertades traería consigo graves daños estructurales al país. Por ejemplo, Molina subrayó los severos riesgos que tendría para la economía nacional el establecimiento de condiciones de excepción, como la suspensión de garantías individuales que promueve la presidenta Laura Fernández, alertando específicamente sobre su impacto devastador en el turismo, una actividad de la que el país es altamente dependiente.
El modelo Bukele y el sacrificio de la democracia
A nivel regional, los analistas resaltaron cómo la figura del presidente Nayib Bukele en El Salvador ejerce una peligrosa fascinación que distorsiona la discusión pública. De acuerdo con Casas, desde hace aproximadamente 15 años las encuestas regionales revelaban una tendencia alarmante: la disposición de los ciudadanos en toda América Latina a sacrificar los principios cardinales del Estado de derecho y de la democracia a cambio de alguien que les resuelva la crisis de seguridad.
En este sentido, el analista manifestó que el verdadero “genio” de Nayib Bukele radicó precisamente en saber leer estos datos y actuar en consecuencia.
Casas aseguró que las soluciones de mano dura contra la delincuencia no han funcionado en ninguna otra parte que no sea El Salvador bajo Bukele, por lo que lanzó una fuerte advertencia a quienes consideran importar este modelo.
“Si lo de Bukele en El Salvador es un éxito para reducir la violencia, el precio de ese éxito es la dictadura. No se pueden querer los fines, sin querer también los medios”, declaró.
Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador se mantiene en un estado de excepción, declarado por Bukele. Su política de seguridad también ha tenido como piedra angular el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), del cual, ocho mil personas inocentes tuvieron que ser liberadas por falta de pruebas en su contra.
En 2023, cuando Costa Rica transitaba por el año más violento de su historia, el país también registró una “abrupta” caída en el apoyo a la democracia. Un deterioro calificado como “significativo” por la organización Latinobarómetro.
El porcentaje de quienes apoyaban el autoritarismo en Costa Rica subió de un 11% a un 16%, entre 2020 y 2023; mientras que el respaldo a la democracia bajó un 67% a un 56%.
También crecieron las manifestaciones de indiferencia al tipo de régimen político, entre uno democrático y uno no democrático. En el 2020, este indicador registraba un 12%, pero en el 2023 se elevó al 22%. El estudio señaló que este contexto dejaba a la democracia del país “expuesta y más vulnerable”
La única salida: un pacto social
Si la mano dura no es la cura a la enfermedad, ¿cuál es la solución real? Ambos analistas externaron la misma conclusión: el Estado costarricense no puede ganar esta guerra en solitario.
Para enfrentar a estas macroestructuras, que no conocen fronteras ni respetan autoridad, Molina aseguró que se requiere fortalecer a las autoridades en inteligencia financiera, reformar de manera urgente el sistema penitenciario con una ley de ejecución de la pena, y perseguir implacablemente el “capital emergente” que sostiene al narco.
Pero, por encima de todo, los expertos concluyeron que el antídoto definitivo es la unidad. En palabras de Kevin Casas: “Lo único que puede responder al desafío que plantea el crimen organizado en Costa Rica es un pacto de toda la sociedad”.
Un sentimiento del que hizo eco Tania Molina al advertir que en los Estados fragmentados el crimen organizado crece con facilidad, por lo que el país debe dejar de quemar puentes y comenzar a trabajar en equipo, mediante “un pacto nacional por el bienestar de todos, por la seguridad nacional, por la seguridad humana”.