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Por amplia mayoría, la Asamblea Legislativa rechazó este lunes una moción de Fabricio Alvarado para instar a que Costa Rica iniciara el proceso de salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El legislador de Nueva República (PNR) solicitó denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, pero 33 diputados se pronunciaron en contra y solo ocho a favor.
Votaron a favor Alvarado, Rosalía Brown, Olga Morera, Yonder Salas y David Segura, de Nueva República, así como Leslye Bojorges, María Marta Carballo y Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Fabricio Alvarado motivó su planteamiento en una eventual resolución de la Corte IDH en contra de El Salvador por el Caso Beatriz, el cual versa sobre una presunta violación de derechos humanos a una joven salvadoreña a quien se le impidió interrumpir el embarazo a pesar de que ella estaba enferma y de que el feto no tenía posibilidad de vivir fuera del útero.
Según el congresista, la votación no refleja lo que realmente piensa toda la población costarricense. Él teme que el fallo abra las puertas a la legalización del aborto.
“Puedo entender las inquietudes de los diputados, en relación con el hecho particular de que Costa Rica salga de la Corte, pero es un tema que debe quedar en discusión. De parte de Nueva República, no estamos dispuestos a agachar la cabeza ni a ponernos de alfombra delante de la Corte IDH, sino que vamos a poner la voz por aquellos no nacidos, que están siendo violentados por el aborto”, dijo.
Además, alegó que varias organizaciones no gubernamentales “abortistas” financian la Corte.
Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), justificó su voto en contra al decir que Costa Rica respeta el bloque de legalidad internacional, además de los tratados internacionales y las jurisdicciones internacionales a las cuales está suscrito.
“En los tiempos que le tocan vivir al país, Costa Rica requiere no solo mantenerse dentro de los sistemas de administración de justicia internacional, sino que también debe ser un faro de garantía para una gran cantidad de derechos de las personas, que están contemplados dentro de los tratados y especialmente de la Convención Americana de Derechos Humanos”, enfatizó Campos.
El diputado explicó que hay muchos derechos que se deben respetar, y que Costa Rica está a la vanguardia en el desarrollo de derechos de tercera generación, donde ya existe una serie de normas que permiten el aborto terapéutico y otros derechos.
La jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, dijo que su bancada votó en contra porque no se puede votar con base en algo hipotético, pues la Corte IDH no ha resuelto, y “lo menos que podemos hacer es esperar la sentencia para ver cómo actuamos y no votar sobre cosas hipotéticas”.
Cisneros agregó que se espera un fallo prudente, aunque la gran mayoría de los costarricenses y el gobierno han defendido insistentemente que la vida es sagrada y hay que defenderla, sobre todo para niños no nacidos.
Por su parte, la subjefa del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, cuestionó la intención de Fabricio Alvarado de ir ante una corte nacional o internacional a decir que se tiene que dictar sentencia según los pareceres de las personas que están en la Asamblea Legislativa.
La frenteamplista se refiere al punto tres de la moción de Alvarado, donde se planteaba pedir a la Corte atenerse “a la exégesis de los instrumentos internacionales ratificados por países de la región que garantiza la inviolabilidad de la vida humana desde antes de nacer y hasta su muerte natural”.
Rocío Alfaro dijo que Costa Rica es un Estado de derecho, por lo que no se puede brincar sus responsabilidades.
“Esa moción miente sobre lo que trata el caso Beatriz, que se refiere a la negativa de un Estado de darle atención médica, científica, a una mujer en el momento del embarazo. Nos parece que haríamos poco favor a nuestra democracia, a nuestra sociedad, si empezamos a desligarnos de las convenciones que protegen los derechos humanos, en momentos en que hemos hablado de la peligrosidad en que estamos, ante el crecimiento del autoritarismo, que siempre se manifiesta en contra de los derechos humanos”, dijo Alfaro.
La liberacionista Monserrat Ruiz agregó que la Corte IDH ha sido fundamental para proteger la libertad de prensa y de expresión, a pesar de que una resolución de ese tribunal “ha permitido a muchas personas en nuestro país ejercer el periodismo sin estar colegiadas”.
“Dos ejemplos muy claros del peligro que representa abandonar el Sistema Interamericano los podemos encontrar en Nicaragua y Venezuela. Estos dos regímenes denunciaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos y salieron de la Corte Interamericana, y ahora las víctimas de todas las lesiones a los derechos humanos no pueden buscar justicia en instancias internacionales. ¿De verdad vamos a poner a Costa Rica al mismo nivel que regímenes como Nicaragua y Venezuela?”, cuestionó la liberacionista.
La moción, tal como la presentó Alvarado el jueves anterior, tenía tres firmas de su fracción, seis del PUSC (María Marta Carballo, Vanessa Castro, Carlos Andrés Robles, Melina Ajoy, Alejandro Pacheco y Horacio Alvarado) y Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN).
No obstante, Barquero retiró su firma de la propuesta este lunes, más temprano, y no estuvo presente durante la votación. Tampoco estuvieron presentes Ajoy, Pacheco ni Alvarado.
