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La Asamblea Legislativa aprobó este lunes la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas, que, entre sus disposiciones, elimina al Consejo Nacional de Concesiones y traslada sus funciones a una nueva institución conocida como Agencia Nacional de Asociaciones Público-Privadas (ANAPP), cuya naturaleza jurídica fue cuestionada por la oposición y el oficialismo.
El expediente 24.009 fue aprobado en primer debate con 47 votos a favor. En contra se pronunciaron los siete diputados de la fracción del Frente Amplio (FA).
Álvaro Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), justificó el apoyo de su bancada al proyecto de ley en un acuerdo para que el texto sea posteriormente devuelto a una etapa previa, con el fin de que se le puedan hacer las enmiendas correspondientes.
Cuestionamientos por la naturaleza jurídica
Las críticas a la iniciativa vinieron principalmente de la fracción frenteamplista y del diputado José Miguel Villalobos, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO). Ambos coincidieron, principalmente, en las dudas sobre la naturaleza jurídica de la ANAPP, a la que calificaron de “ornitorrinco jurídico”.
José María Villalta, jefe de fracción del FA, argumentó que, durante el trámite legislativo, la iniciativa sufrió un cambio en el que se terminó creando un nuevo ente como institución rectora de todo lo relacionado con las concesiones y las alianzas público-privadas.
Señaló que, si bien la redacción le da a la ANAPP la designación de un ente público no estatal, en la práctica tiene todas las características de una institución autónoma, al poder otorgar concesiones sobre bienes de dominio público, contar con capital público y tener funcionarios que pueden ejercer funciones de regulación y fiscalización.
A criterio del legislador, detrás de esto podría haber una intención de “burlar” el umbral de los 38 votos que exige el artículo 189 de la Constitución Política para crear nuevas instituciones autónomas.
Reservas desde el oficialismo
El diputado oficialista José Miguel Villalobos afirmó que “efectivamente, hay cosas que preocupan y, de mi parte, quiero que queden en actas algunas interpretaciones, para evitar en el futuro algunas desviaciones de los verdaderos objetivos del proyecto”.
Especialmente, coincidió en las dudas sobre la naturaleza jurídica de la ANAPP, en cuanto realiza funciones típicas del Estado, por lo que, en su opinión, “parece raro que se cree como una entidad de derecho público no estatal”.
Villalobos consideró contradictoria la naturaleza que el texto le brinda a la ANAPP y que, al mismo tiempo, disponga que en su junta directiva deben estar los ministros de Hacienda, Presidencia y Planificación y Política Económica (Mideplán).
“Si eso no es estatal, yo no sé qué podría serlo. Son tres ministros en una junta directiva”, cuestionó Villalobos. No obstante, aseguró que se trata de problemas que no afectan el fondo del proyecto.
Dudas sobre incentivos
Otra preocupación en la que estuvieron de acuerdo los legisladores es la propuesta de retribución a quienes propongan proyectos. Villalta criticó que no esté definido en el texto si ese “premio” será un puntaje extra o un criterio de desempate. Advirtió que podría abrir un portillo para romper el principio de igualdad que rige la contratación pública.
Al respecto, Villalobos dijo coincidir en que “la forma en que está redactado es demasiado amplia”, por lo que debe corregirse vía reglamento, pese a tratarse de materia de reserva de ley.
Cuestionamientos sobre controles
El jefe de los frenteamplistas también cuestionó que el artículo 29 del expediente exima a la ANAPP del cumplimiento de varias normativas, pero especialmente de los artículos 18, 20 y 78 de la Ley Orgánica de la Contraloría.
Con ello, la Contraloría no podría definir la aprobación o improbación del presupuesto de la ANAPP; el ente fiscalizador tampoco podría aprobar los contratos que celebre y sus funcionarios no podrían ser catalogados como servidores públicos.
El vocero frenteamplista manifestó que la solución para que las contrataciones o las obras se hagan bien no puede ser crear una institución con un amplio presupuesto público que esté exenta de regulaciones básicas y controles.
“Cuando eliminamos esos controles, lo que estamos haciendo es abrir la puerta para el chorizo y la corrupción”, destacó.
No obstante, Villalobos presentó un criterio distinto. Desde su perspectiva, “no pareciera” que haya un intento de fuga de los mecanismos de fiscalización de la Contraloría.
Destacó que el artículo 53 del proyecto señala que, en contra del pliego de condiciones y del acto final de adjudicación, se podrán interponer los recursos de objeción y de apelación ante la Contraloría.
Un voto con dudas
Villalobos también planteó sus propias preocupaciones, principalmente en lo referente a las actividades para las cuales puede o no puede haber participación de inversión privada. El proyecto solo excluye las concesiones de energía y telecomunicaciones.
Sin embargo, advirtió sobre posibles inconstitucionalidades si la figura se aplica a monopolios públicos o para efectuar obras de inversión carcelaria que impliquen el otorgamiento del servicio de seguridad y vigilancia.
El diputado oficialista recordó que, en el año 2002, fue destituido como ministro de Justicia por su oposición a la privatización carcelaria y que esa experiencia le generó dudas sobre el impacto que podría tener el proyecto en ese tema, en caso de ser aprobado.
“Esta diputación tiene un dilema: o lo voto así como está, con las interpretaciones que yo he dado y que espero en el futuro sirvan para interpretar e integrar la norma jurídica, o lo voto en contra con el prurito de que no tiene la perfección que a mí me gustaría”, externó.
Villalobos aseguró que tomó una decisión “que me costó mucho” y que se sentiría “muy avergonzado si el día de mañana las autoridades que van a reglamentar esta ley, a interpretarla e implementarla, la utilizan para monopolios públicos o para actividades de seguridad y vigilancia en el sistema penitenciario, porque eso sería tomarme el pelo”.
Sin embargo, dijo estar “convencido de que esa palabra se cumple”, por lo que votaría a favor del proyecto.
Calificó de “inteligentes, claras y precisas” las dudas que plantearon los “colegas del Frente Amplio”, pese a no compartirlas todas. Agregó que la propuesta tiene más cosas a favor que en contra.
