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Entre aplausos y pancartas, socorristas de la Cruz Roja Costarricense celebraron en las afueras de la Asamblea Legislativa la aprobación en segundo debate del Proyecto de Ley de la Cruz Roja Costarricense (CRC), que declara a la benemérita como una institución de utilidad pública y bienestar social.
Con 49 votos a favor, los legisladores acogieron la iniciativa impulsada por Kattia Rivera Soto, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), que ingresó a la corriente legislativa desde diciembre del 2022.
Entre sus pretensiones, el plan de ley busca establecer el funcionamiento de la entidad como institución humanitaria de primera respuesta, garantizar mayor protección al personal voluntario y otorgar permisos laborales en caso de emergencias nacionales.
Dyanne Marenco, presidenta de la Cruz Roja Costarricense, agradeció a los legisladores por reconocer la labor diaria de los más de 6.000 cruzrojistas que forman parte de la institución.
“Nos han aprobado nuestro proyecto de ley de la Cruz Roja Costarricense. 140 años cumplimos ahora en abril y, gracias a ustedes, señoras y señores diputados, podemos celebrarlo con un proyecto de ley”, declaró Marenco.
El plan determina la relación de la Cruz Roja con el Estado y otorga reconocimiento jurídico formal a la organización voluntaria de rescatistas.
Además, el texto ayudará a fortalecer la sostenibilidad económica de la institución, pues avala la colaboración de la benemérita con entes privados mediante cualquier tipo de negociación, acto jurídico o donación.
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En términos económicos, también permitirá a las municipalidades donar por medio del impuesto de patentes municipales y exonerará a la Cruz Roja de tributos y otros beneficios, como la justicia gratuita y la inembargabilidad de bienes destinados al servicio público.
Asimismo, el plan indica que, en situaciones de emergencia, las autoridades públicas facilitarán a los miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja los mecanismos para el envío, recepción y tránsito de asistencia humanitaria.
El texto también propone la reforma de algunos artículos de leyes ya aprobadas, entre ellas, agrega el numeral 316 bis al Código Penal. Esto permite que, ahora, las amenazas al personal de la Cruz Roja serán reprimidas con condenas que oscilan entre un mes y dos años de cárcel.
La iniciativa fue aprobada en un primer debate el pasado jueves 9 de enero con 45 votos a favor. Con dos resultados positivos en el Plenario Legislativo, solo falta su publicación en el diario oficial La Gaceta para, oficialmente, convertirse en ley.
