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Carlos Armando Martínez Arias, alcalde de Nicoya por el partido La Gran Nicoya (LGN), cumple una suspensión de 30 días sin goce de salario. La sanción fue dictada por la Contraloría General de la República (CGR), tras un procedimiento administrativo que lo encontró responsable —en grado de culpa grave— por autorizar pagos adelantados a dos contratistas.
El castigo comenzó a correr desde el 1.° de diciembre y se mantendrá hasta el día 30 del mismo mes, según dispuso el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en ejecución de lo ordenado por la CGR.
El caso contra Martínez se centró en la aprobación de pagos adelantados en dos licitaciones abreviadas, del año 2020, destinadas a reparaciones y mejoras en el gimnasio del Polideportivo de Nicoya.
La CGR determinó que Martínez Arias incurrió en responsabilidad al no velar y verificar el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas con las empresas contratistas, así como lo estipulado en un convenio firmado con el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).
Martínez es uno de los 23 alcaldes que en los comicios municipales del 4 de febrero de 2024 se reeligieron para un segundo periodo consecutivo.
Desembolsos sin soporte técnico y sin obras concluidas
Los términos contractuales, específicamente en la cláusula novena, establecían que los pagos de las obras debían realizarse a partir de la finalización a satisfacción, por ítem, de cada línea de contratación adjudicada.
De manera similar, el Convenio con el Icoder exigía que los pagos se realizaran de acuerdo con la aprobación de la inspección, y que mediara un respectivo informe, siendo la ausencia de dicho informe motivo para imposibilitar el pago de avance de obra.
A pesar de estas condiciones, el órgano fiscalizador concluyó que el alcalde autorizó pagos adelantados a las empresas Consorcio Condeco y Superficies de Centro América S.A. sin confirmar la existencia del cumplimiento de las condiciones contractuales.
Al respecto, Martínez alegó, en una publicación de Facebook, que lo observado por la CGR “fue un tema de naturaleza formal, relacionado con que algunos pagos al contratista se realizaron fuera del plazo previsto en el contrato, (estos estaban aprobados por los funcionarios responsables de los mismos)”.
A su juicio, el análisis del ente fiscalizador no valoró “adecuadamente”, elementos relevantes como las afectaciones generadas por la pandemia de la covid-19, la continuidad de servicios esenciales durante dicho periodo excepcional y las facultades discrecionales que la Ley General de la Administración Pública otorga a las autoridades para asegurar la continuidad de las obras y servicios.
“Soy respetuoso y atenderemos la disposición, pero nos organizaremos para que las obras y procesos que llevamos adelante continúen promoviendo el bienestar de todos los vecinos”, mencionó.
En el caso de las obras contratadas al Consorcio Condeco (Mejoras al gimnasio, 2020LA-000008-01), Martínez Arias aprobó pagos por un total de ¢95.322.343,94 (el 98,6% del monto total adjudicado) basándose en avances parciales (que oscilaban entre 33% y 95% en ciertos ítems) y no en la finalización satisfactoria por ítem.
En el caso de la empresa Superficies de Centro América S.A., se le canceló el 100% de la contratación para la restauración de la superficie de la cancha del gimnasio (¢30.725.000,00) a pesar de que los pagos se tramitaron sobre avances y no con la finalización a satisfacción de la obra por ítem.
La Contraloría destacó que, en licitaciones relacionadas tanto con el gimnasio como con la pista de atletismo, la documentación de soporte de los pagos autorizados por el alcalde era escasa y no lograba evidenciar informes técnicos detallados sobre el avance de las obras o su recepción provisional o definitiva.
Advertencias ignoradas
De acuerdo con la Contraloría, el alcalde tenía conocimiento de las omisiones e incumplimientos. Funcionarios del Icoder le informaron sobre trabajos de subsanación pendientes, la ausencia de contratistas en el sitio y la falta de entrega de información requerida para el control y seguimiento del proyecto.
Incluso, después de que el Área de Investigación de la CGR enviara un “recordatorio” formal el 21 de diciembre de 2022 sobre el deber de verificar la recepción a satisfacción de las obras antes de cualquier trámite de pago, Martínez Arias autorizó el último pago por ¢4.400.000,00 el 30 de diciembre de 2022, sin contar con la documentación de respaldo que acreditara el finiquito satisfactorio.
Añadió que a junio de 2023, la Municipalidad informó que las obras adjudicadas aún no habían sido recibidas a satisfacción.
