EscucharEl plenario aprobó este martes un manifiesto en el que repudia la manipulación “vil, peligrosa y cobarde que pretende ejercer el gobierno de la República” para hacer creer que las investigaciones y denuncias, que se hacen desde la Asamblea Legislativa, constituyen un ataque a las fuerzas policiales.
La moción recibió el apoyo de 35 legisladores de cuatro fracciones políticas: Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) y Liberal Progresista (PLP). En contra, se pronunciaron 12 congresistas de Nueva República (PNR) y el gobernante Progreso Social Democrático (PPSD).
Los diputados enfatizan que llevarán adelante su ejercicio constitucional del control político sobre “la evidente y lamentable infiltración del narcotráfico en el Estado costarricense”, sin importar la manipulación del gobierno a las fuerzas policiales.
“Nuestro ejercicio constitucional del control político, que asumimos con responsabilidad patriótica, está dirigido al presidente Chaves Robles y al ministro Zamora por su inacción ante la crisis de inseguridad que afecta a la ciudadanía costarricense, y las tristes denuncias y noticias, dentro y fuera de nuestro país, que retratan a Costa Rica como un paraíso para el narcotráfico”, dice el manifiesto.
Antes que esta moción, se conoció un pronunciamiento similar del PUSC, donde también se condenó la manipulación del ministro de Seguridad, Mario Zamora, a los directores policiales, a quienes puso a atacar a los diputados en un video difundido el viernes.
Además de rechazar los ataques del mandatario Rodrigo Chaves y el ministro Mario Zamora, los 35 diputados externaron su apoyo y reconocimiento a las fuerzas policiales, como garantes de la seguridad y la convivencia pacífica en Costa Rica, así como del respeto a las leyes y la Constitución Política.
Los diputados también reconocieron las limitaciones que actualmente están experimentando los órganos de seguridad para hacer una lucha real contra las organizaciones de delincuencia organizada.
“Nos indigna la actitud irresponsable que las actuales autoridades del Poder Ejecutivo han mostrado ante el problema de la inseguridad ciudadana, pese a que los homicidios han alcanzado cifras nunca vistas en el país”, declararon los diputados en su moción.
Adicionalmente, rechazaron la poca importancia que el gobierno asigna a la seguridad ciudadana y que se refleja en situaciones como los presupuestos raquíticos para el Ministerio de Seguridad Pública, “que no alcanzan para reparar delegaciones policiales y equipo móvil, comprar nuevas radiopatrullas, más personas y mejorar programas de capacitación”.
Los legisladores también enfatizaron que el debilitamiento de la capacidad rectora y operativa de la Policía de Control de Drogas (PCD) y del Servicio Nacional de Guardacostas ha tenido fuertes implicaciones en que se haya disminuido los decomisos de drogas.
Consideran las cuatro fracciones parlamentarias que los recortes despiadados y constantes a la inversión social, que han implicado menos becas y recursos para la educación y programas de prevención culturales, deportivos y recreativos significan un mayor riesgo de que jóvenes sean captados por las estructuras del crimen organizado.
Entre las acciones realizadas por la Asamblea en busca de beneficiar a las fuerzas policiales, enumeradas en la moción, están los ¢8.000 millones para crear 300 plazas policiales, así como ¢11.000 millones para ajustar salarios a los funcionarios policiales.
“Aunado a esto, nos hemos dado a la tarea de aprobar leyes orientadas hacia la prevención del delito en aras de construir una política de seguridad ciudadana integral y sostenible en el tiempo”, declara la moción.
