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Los diputados aprobaron este jueves, en primer debate, un proyecto que autoriza el intercambio de terrenos públicos con empresas privadas en Golfito, mecanismo conocido como permuta, a pesar de las advertencias hechas por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de esa iniciativa legal.
Se trata del expediente legislativo 23.062, que desafectaría dos terrenos de su categoría de bien demanial del Estado a cambio de otros terrenos privados, tierra adentro.
El proyecto fue aprobado con los votos afirmativos de 33 legisladores, mientras que se opusieron a la iniciativa nueve legisladores, entre ellos los seis del Frente Amplio (FA), dos liberacionistas y una independiente.
En principio, el objetivo de la propuesta es que la permuta de los terrenos permita “generar, con recursos e inversión privada, un espacio o complejo turístico que permita posicionar a la zona del Pacífico Sur del país como un destino atractivo para los navegantes, los amantes de las actividades náuticas ante la cercanía de la marina y en general del turismo”.
Estos terrenos públicos hoy están destinados a la explotación y funcionamiento del ferrocarril y del muelle de Golfito, por lo que -según advirtió la Procuraduría- “no resulta procedente su desafectación”.
El plan fue presentado por los exdiputados Carmen Chan, Erwen Masís y Gustavo Viales.
A cambio de terrenos cercanos a la costa golfiteña, el Estado recibiría propiedades que se encuentran tierra adentro, más lejos de la costa. En uno de ellos se encuentra la capitanía de puerto de Golfito.
Las propiedades del Estado pasarían a las firmas privadas Banco Improsa S. A., The Sound of Ocean S. A., Inversiones Marina Golfito S. A. y Sunset Shots S. A.
La Procuraduría explicó que “solo podrían desafectarse (los terrenos) si se llegare a determinar, técnicamente, con base en el criterio de las autoridades legales competentes, que esos bienes no tienen ningún interés para la explotación del ferrocarril y del muelle de Golfito y que, de hecho, no están destinados para esos fines, ni existe un interés potencial de destinarlos a la explotación de esos servicios públicos”.
A la fecha, la PGR sigue considerando que esos criterios técnicos aún no existen.
“Aunque la intención sea desafectar solo las porciones que actualmente no están destinadas a la actividad portuaria o de ferrocarril, debe acreditarse, técnicamente, que esas áreas no tienen ningún interés potencial de ser destinados a esos servicios. De lo contrario, no podrían ser desafectados”, dice la advertencia de la Procuraduría.
La PGR también puntualizó que la desafectación no aplicaría solo para porciones de los terrenos públicos que se pretenden permutar.
Otra advertencia de la Procuraduría es que la intención de regalar terrenos públicos y recibir otros a cambio va contra el derecho de la Constitución Política y señaló que la protección constitucional de los puertos no se limita solo al muelle o sitio de embarque y desembarque, sino también el inmueble y la materialidad de las cosas que contenga.
Antes de que se aprobara la iniciativa, el diputado Ariel Robles, del FA, señaló que buscarán llevar la iniciativa a la Sala Constitucional, a través de una consulta facultativa, para determinar si existen vicios en el proyecto.
