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Diputados de cinco fracciones políticas sepultaron el proyecto de ley que pretendía regular el uso del combustible que los congresistas reciben como ayuda técnica para el desempeño de sus funciones.
Se trata de una reforma a la Ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea Legislativa, presentado en el 2021 por la entonces diputada Carolina Hidalgo, que pretendía exigir a los legisladores ciertas condiciones para recibir esa ayuda técnica.
Una mayoría de 28 diputados votó en contra de extender el plazo cuatrienal de la iniciativa, que se tramitaba bajo el expediente 22.459, antes de que se venciera el periodo para su discusión.
Los votos negativos contra la regulación del combustible que utilizan los legisladores procedían de las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PPSD), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PRN) y el Liberal Progresista (PLP), así como una independiente.
Eso significó que, al rechazar la ampliación del plazo cuatrienal, la iniciativa se tuviera que enviar al archivo del Congreso. La propuesta solamente tuvo el apoyo de 12 congresistas, entre ellos seis frenteamplistas, cuatro oficialistas y dos legisladoras independientes.
Actualmente, la ley dice solamente que los diputados tienen a su disposición una cuota mensual de 500 litros de combustible “para uso discrecional en vehículos automotores”.
Al precio vigente de los combustibles, los 500 litros mensuales significarían, en gasolina súper, ¢336.500; en plus 91, o regular, ¢321.000, y ¢284.500 en diésel. Es decir, si los 57 congresistas recibieran esa ayuda técnica en gasolina súper, el gasto del Congreso sería de ¢19.180.500 al mes, ¢230 millones cada año.
El abuso de ese recurso ha generado escándalos como el del empleo de ese recurso para giras de campaña electoral, o bien que la exdiputada Ivonne Acuña, en diciembre de 2021, pagó ¢3 millones en gasolina, antes de irse del país y no volver, ni siquiera para terminar su periodo como legisladora.
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Hay parlamentarios que incluso usan el combustible en meses como diciembre, cuando solamente laboran en el Congreso durante la mitad del mes, pero facturan montos superiores a los de meses laborales.
Este tipo de situaciones ha obligado a la administración de la Asamblea Legislativa a establecer reglas para limitar el uso del combustible, por ejemplo, que no se pueda acumular, pues antes había congresistas que iban acumulando los montos no gastados y hasta hubo ocasiones en que solicitaron que se les pagara el dinero por la gasolina no utilizada.
¿Qué proponía la regulación del combustible para diputados?
El expediente 22.459 planteaba una nueva redacción del artículo 5 de la Ley de Remuneración para Diputados, primero para impedir que el monto correspondiente a combustible se acumule para los meses siguientes.
Además, se ordenaba que el combustible debía ser exclusivamente para el desplazamiento relacionado con las funciones propias de la diputación, además de que le exigía al congresista, a fin de mes, presentar la justificación y documentación necesaria para que se le asignara la cantidad de combustible correspondiente.
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“El Directorio, en ejercicio de sus funciones administrativas, dictará un reglamento dirigido a asegurar controles, razonables, integrados y congruentes, dirigidos a impedir el despilfarro, pérdida, uso indebido, irregularidad o acto ilegal y los mecanismos que permitan la detección oportuna de deficiencias y desviaciones”, dice la propuesta archivada.
En su momento, antes de que terminara el periodo legislativo anterior, diputados del PUSC exigieron que la regulación no aplicara solamente para diputados, sino también para otros miembros de supremos poderes.
Por eso, incluyeron una reforma en la Ley de Tránsito, en el artículo 238, el cual se refiere a los vehículos de uso discrecional y semidiscrecional.
Allí, se incluía una norma para establecer limitaciones al combustible de los vehículos asignados a los presidentes de los tres poderes, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, así como de los ministros, presidentes ejecutivos, contralor y procurador, fiscal general y defensor de los Habitantes.
Adicionalmente, se ordenaba a cada institución establecer un reglamento para la debida regulación de esos autos y su combustible.
