EscucharColombia y Venezuela se encuentran inmersas en una delicada disputa diplomática, alrededor de la cual han surgido múltiples dudas, pero, también, una incontrovertible y preocupante certeza: los nexos del Gobierno de Hugo Chávez con el principal grupo terrorista colombiano. Los hechos conocidos hasta ahora lo han puesto de manifiesto, aunque el Presidente venezolano haya intentado crear una cortina de humo con vitriólicas denuncias de violación a la soberanía nacional.
El origen del conflicto son las circunstancias de la captura, a mediados de diciembre, de Rodrigo Granda, alto dirigente y principal encargado de las relaciones internacionales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Venezuela dice que fue "secuestrado" en Caracas por elementos vinculados al Gobierno de Bogotá. Este, en cambio, insiste en que la captura se produjo en Cúcuta, ciudad fronteriza colombiana, como resultado de información obtenida a cambio de una recompensa.
Será difícil saber, exactamente, cómo se produjo el hecho. Resulta prácticamente imposible suponer que fuerzas oficiales colombianas hayan estado involucradas de forma directa. Es posible que algunos buscadores de fortuna particulares, incentivados por la oferta de recompensa, capturaran a Granda en Venezuela y lo condujeran a Colombia, donde, finalmente, lo entregaron a las autoridades oficiales. Esto, sin embargo, distaría mucho de ser una intervención oficial contra la soberanía venezolana. Además, como afirmó la cancillería colombiana, "la política de recompensas es un instrumento legítimo de los estados, que ayuda en el proceso de derrotar al terrorismo", y las FARC, por su indiscriminado uso de la violencia, los secuestros y el chantaje, son un grupo terrorista, reconocido así por la comunidad internacional. Peor aún, se financia, primordialmente, con dinero del narcotráfico. Por esto, los países que, a sabiendas, albergan o patrocinan a sus miembros, se convierten en cómplices del terrorismo, uno de los peores flagelos que hoy afectan al mundo.
Esto es, precisamente, lo que hizo Venezuela. Su misma denuncia del presunto "secuestro" es una admisión de que Guerrero estaba en Caracas. Más aún, estaba allí como representante de las FARC ante un "congreso bolivariano" latinoamericano, celebrado entre el 8 y 9 de diciembre con patrocinio oficial. El corolario es bien claro y perturbador: el Gobierno venezolano no solo acogió, sino que le dio representatividad, a un agente de alto nivel del peor grupo terrorista que actúa en la nación vecina.
Frente a esta evidencia, es ridículo y ofensivo el enojo manifiesto de Chávez, su determinación -poco clara en las consecuencias- de suspender los acuerdos económicos con Colombia, y su exigencia de disculpas por parte de ese país. Al contrario, quienes tienen el mayor derecho de estar ofendidos y exigir disculpas son los colombianos. Pero el problema no es solo de ellos, sino de todo el hemisferio, porque es inadmisible que Venezuela, con el dinero de su petróleo, las ambiciones continentales de su Presidente y la retórica de su falso "bolivarianismo", pretenda intervenir, vía el patrocinio o el estímulo de organizaciones violentas o grupos de agitadores, en los asuntos internos de otros países.
Colombia, hasta ahora, ha manejado la disputa con prudencia: sin bravuconadas ni insultos, pero con firmeza. Es la actitud que corresponde y, por su contraste con la virulencia verbal de Chávez, da una medida del talante diferente de ambos gobiernos. En lo inmediato, lo deseable es que el conflicto se resuelva y se restablezcan los vínculos normales entre ambos países. Pero, en adelante, es necesario que los países de América se mantengan más alertas que nunca ante las pretensiones del "chavismo". Su daño a Venezuela ha sido mucho. No se puede permitir que, también, pretenda extenderlo más allá de sus fronteras.
