Con motivo de mi artículo "Los éxitos que matan", sobre lo sucedido en la embajada japonesa en el Perú, el Lic. Miguel Valle Guzmán ha tenido a bien publicar un comentario, sobre el cual quiero hacer algunas consideraciones, para que no se me atribuya lo que no he dicho y se compruebe que la vida está demostrando, hasta la saciedad, lo que afirmé en mi primera publicación.
No soy de los que creen que debe haber siempre y a toda costa diálogo y negociación. A veces eso es imposible y el imperio de la ley debe prevalecer. Pero no ignoro los hechos políticos, sobre todo cuando después de 75.000 muertos en El Salvador y otros tantos en Nicaragua y Guatemala, las cosas se resolvieron por el diálogo y la negociación, para lo cual hubo no sólo que dar leyes de amnistía, sino que también se tuvieron que modificar diversas leyes, los sistemas político, partidista y electoral, y cambiar hasta la propia Constitución Política. Las cosas no son blancas o negras. La vida y la lucha política tienen muchos y diversos tonos de gris.
Sí sostengo que un régimen democrático se caracteriza por la negociación y el diálogo, como lo muestra la historia misma de nuestra nación. En todas partes donde esto no fue así, el resultado fue la violencia, el autoritarismo y la militarización. La historia de la América Central, adonde abundaron tantos gobiernos dispuestos a no negociar con ilegales y subversivos, es testimonio vivo de lo que acabo de afirmar.
Esto no quiere decir que diálogo y negociación sean sinónimos de palanganeo e indecisión. La democracia, como muy bien sabe don Miguel, brinda diversos mecanismos para no caer en impasses y parálisis, cuando esos métodos no han sido viciados por los responsables del manejo de los asuntos públicos. Negociación y diálogo no son más que la lógica expresión política del principio de tolerancia, sin el cual no hay libertad. Es en esa difícil tensión entre autoridad, orden y ley, de un lado; y de otro, de diálogo, negociación y tolerancia, en que todo gobierno democrático debe actuar en la confrontación de las tensiones sociales y políticas.
Don Miguel pasa por alto que hubo prisioneros que se rindieron y, ello no obstante, fueron asesinados. No fue al calor de la batalla que perecieron, sino que obviamente fueron muertos como resultado de una ejecución, según han sido contestes diversos testigos que presenciaron los hechos. ¿Tengo que recordarle al estimable colega las obligaciones que imponen los Convenios de Ginebra y los Tratados de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por el Estado peruano y que como parte de su legislación nacional son de aplicación obligatoria en su territorio? El reclamo de eficacia contra la subversión o la delincuencia no puede servir de burladero para esconder la violación flagrante de los principios que se dice estar defendiendo con las acciones del Estado.
Respecto a que los políticos civiles han resultado los perdedores, al igual que el respeto a la ley y la vigencia de los derechos humanos, don Miguel se pregunta: "¿De qué nos está hablando el abogado Cerdas?"
Si don Miguel se hubiera molestado dos días después de mi artículo de leer el suplemento que publica La Nación, proveniente del Wall Street Journal, se habría ahorrado su pregunta. Las violaciones a los derechos humanos, que habían disminuido sustancialmente en el Perú, han vuelto a levantar los índices; y las poblaciones de la selva, sobre todo, están sufriendo de la brutalidad militar, ahora enardecida por su "triunfo" en Lima. Como el mismo periódico informó, se ha producido ya un crimen contra una oficial de inteligencia y torturas contra otra, por supuestas infidencias a la prensa sobre violaciones a derechos humanos. El artículo destaca, además, cómo los militares están predominando en el manejo de la política gubernamental; cómo la ominosa sombra del tortuoso Vladimiro Montecinos se extiende sobre el gobierno de Fujimori; y cómo la división de poderes ha pasado a ser un chiste de mal gusto en una sociedad que clama por democracia y por justicia. Un artículo de Mario Vargas Llosa relatando sus impresiones después de su última visita al Perú, y que confirma estas informaciones, debería ayudar a don Miguel a entender mejor lo que he querido decir cuando me he referido al respeto a la ley y a los derechos humanos en el Perú.
Como si eso fuera poco, debe don Miguel haber leído en los periódicos de sábado y domingo -aunque eso se sabía tres días después del éxito militar en la Embajada de Japón-, que el gobierno de Fujimori está enjuiciando, con la ayuda de sus peleles parlamentarios, a los jueces de la Corte Constitucional que en uso de su competencia y facultades legales, le negaron una nueva reelección. La violencia, la ley, el parlamento, las Cortes están siendo puestas al servicio del propósito de perpetuación en el poder de Fujimori-Montecinos-Cúpula Militar, a nombre de la democracia.
Como ve, don Miguel, este es un caso en que los éxitos matan. Y en que en materia de respeto a la ley y a los derechos humanos no se trata de veleidades, sino de principios.