EscucharYa prácticamente nadie lo pone en duda, y lo han reiterado empresarios, académicos y dirigentes políticos de diverso signo: el problema económico que requiere más urgente solución es el de la enorme deuda interna del sector público.
Un reportaje de nuestra redactora Yanancy Noguera, publicado el lunes, expuso el abanico de medidas posibles ante el problema, según la opinión de un selecto grupo de costarricenses. Los expresidentes de la República han propuesto las suyas. Grupos de ciudadanos lo han hecho en distinto grado, como quienes -el mismo día- suscriben un campo pagado en La Nación con un diagnóstico y varios planteamientos sobre el tema. La Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE) está abocada a un proceso de consultas y propuestas sobre el camino a seguir, ejercicio que, anteriormente, se ha realizado también en otras instancias. En todos estos casos han surgido diagnósticos bastante precisos y, con similar precisión, se han ofrecido valiosos menús de soluciones, de los que las autoridades pueden nutrirse. Es en este contexto que el lunes entregó su informe la comisión nombrada por el ministro de Hacienda, Francisco de Paula Gutiérrez, para estudiar los alcances del mal y la índole de las posibles soluciones, del cual damos detallada cuenta en nuestra edición de hoy.
Lo interesante (o quizá mejor, frustrante) es que, a pesar de tantas iniciativas, hasta ahora el Poder Ejecutivo -al que corresponde la mayor responsabilidad de liderazgo y acción- ha mantenido silencio sobre las medidas que considera adecuadas. A esa desafortunada indefinición se han sumado importantes aspirantes a cargos de elección popular.
La urgencia de definiciones y concertaciones no proviene de un capricho, sino de un grave estado de cosas en cuanto a la situación macroeconómica del país, que impide posponer por más tiempo el problema de la deuda. Como dice la comisión de Hacienda, es preciso enfocarlo "como un problema nacional urgente".
Hemos de recordar que pronto los aires navideños desviarán la atención del pueblo y de sus representantes en la Asamblea Legislativa, hacia fiestas y celebraciones. También hemos de tener presente que 1997 es un año preelectoral, y usualmente en ellos las discusiones sobre temas fundamentales se politizan exageradamente. Recuérdese, por ejemplo, la suerte que corrió el tercer programa y préstamo de ajuste estructural (PAE III) hace cuatro años: a pesar de su importancia y de que su aprobación probablemente habría evitado muchos de los males de hoy, los ataques del entonces candidato José María Figueres impidieron su avance legislativo.
Confiamos en que el silencio que hasta ahora han mantenido las autoridades del Ejecutivo sobre un mal tan severo como el de la deuda se rompa a partir del valioso informe de la comisión. Más importante aún es que, a partir de él, se inicie un acelerado proceso de decisiones, para domar tan serio mal y emprender una ruta de desarrollo sostenido y socialmente justo.
