A Costa Rica la orienta el pensamiento político impreso en la constitución de 1871. La de 1949 no pudo variar esa orientación. Los socialdemócratas, para esa época, fueron vencidos por los liberales, por lo que continuamos siendo una república esencialmente liberal. Por esta razón, Daniel Oduber siempre pensó en la necesidad de una nueva constitución que orientara al país hacia un socialismo democrático, pero nunca pudo encontrar un espacio político adecuado para la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Algunos otros políticos y juristas sobresalientes –en los últimos 40 años– también han creído necesario aprobar una nueva constitución, pero, hasta el momento, todas esas inquietudes han terminado en el rincón de las buenas intenciones que la política ha dispuesto para todo aquello que consideren improcedente o peligroso los que tienen el poder.
Constituyente soberana. Ahora, con disposición y energía, casi en solitario, nuestro buen amigo Rodrigo Arias propone convocar a una Asamblea Constituyente para el año 2011, señalando hasta el tiempo que los constituyentes deben emplear para aprobar la nueva constitución. Además, declara que no hay que temer a extremismos porque en el mismo decreto de convocatoria se exigirá la aprobación de los diferentes artículos constitucionales por mayoría calificada.
Aquí Rodrigo olvida que la Constituyente es soberana y puede no aceptar los lineamientos incluídos en la convocatoria. O sea, que una Asamblea Constituyente, en cualquier democracia del mundo, siempre mantendrá un signo de interrogación si se piensa en los resultados finales. Y más cuando estamos enterados –si hay libertad electoral plena– de que nadie puede predecir la orientación política de la mayoría de los diputados electos. Recordemos que, de esto, don José Figueres tuvo, tardíamente, una amarga experiencia.
Mucho se habla de ingobernabilidad por la traba que presentan ciertas disposiciones constitucionales y algunas leyes. No obstante, bueno es recordar que hay países que funcionan bien democráticamente, a pesar de no tener constitución política, como Inglaterra, o Estados Unidos, que ha mantenido su Constitución durante doscientos treinta y dos años, con algunas reformas parciales, y su democracia funciona sin reclamos. No es procedente el uso del término ingobernabilidad en estos países.
Leyes y hombres. Es posible que nuestra Constitución Política tenga muchos defectos, pero si hay propósito y firmes deseos de gobernar en la dirección democrática correcta, es seguro que no sea un obstáculo mayor. Pienso que, antes de pedir reformas profundas al sistema, es conveniente analizar cuidadosamente lo expresado por Mario Echandi cuando afirmó que en cuestiones de gobierno y administración pública, el problema no es tanto de leyes como de hombres.
Entiendo perfectamente bien que Rodrigo no está pensando en una nueva Constitución para el gobierno actual y que solo desea facilitar procedimientos para los gobernantes del futuro. Es buena su intención. Sin embargo, teniendo en cuenta las dificultades para convocar a una Asamblea Constituyente y la posibilidad de elegir, otra vez, a diputados liberales para que confirmen, de nuevo, la Constitución de 1871, quizá lo aconsejable sea que nos preocupemos más por heredar – a quienes gobernarán este país en los próximos cincuenta años– no una nueva Carta Magna, sino una fuerte coyunda para que se amarren virilmente los calzones.
Antes de señalar la proporción en que falla una ley, preocupémonos por saber en cuánto fallamos los hombres.
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