Lentamente, por una acumulación de decisiones puntuales y sin un plan maestro que las dirija, la economía costarricense ha avanzado hacia una preocupante situación de dualidad.
Su eje tradicional, y todavía central, lo constituyen las leyes, instituciones, impuestos, procedimientos, distorsiones, vicios, virtudes, posibilidades y obstáculos que determinan cómo deben organizarse y conducirse la mayoría de las empresas nacionales, y cómo deben desenvolverse las relaciones laborales y profesionales.
Se trata de un universo que, entre otras cosas, debe asumir la casi totalidad de nuestra carga tributaria, cumplir con los engorrosos trámites aduaneros, pagar altos tipos de interés y soportar tarifas plenas de los servicios públicos. A sus componentes los afectan sin escape todas las ineficiencias del Estado, mientras, paradójicamente, deben pagar el grueso de su factura.
A la par se encuentran una serie de actores económicos que contribuyen muy poco o nada al fisco, pero -paradoja inversa- pueden disfrutar de lo mejor que ofrece nuestro sistema institucional y evitar los peores males y distorsiones que ha engendrado.
En este segundo sector, que cada vez crece más en empleo, exportaciones y Producto Interno Bruto (PIB), conviven, curiosamente, dos extremos la escala. Uno es el de la economía totalmente informal: la de quienes "camaronean", contrabandean, no cotizan a la Caja, eluden los contratos formales y resultan invisibles para la Tributación Directa. El otro es el del dinámico, diversificado y exitoso sector exportador que -sin desmerecer sus cualidades empresariales- ha crecido al amparo de diferentes regímenes de excepción o incentivos. A él se puede añadir, en algún sentido, la parte de la banca que, gracias a las entidades off-shore, realiza abundantes operaciones al margen de las regulaciones financieras y fiscales.
Leyes y ayudas.- Estos protagonistas, en general, no eluden la ley; al contrario: les ha favorecido de manera especial, con mecanismos como los Certificados de Abono Tributario (CAT), los incentivos turísticos, los contratos de exportación o el régimen de zonas francas. Tras cada uno de estos mecanismos especiales no ha existido un esquema global; la intención declarada al crearlos solo ha sido superar trabas, ineficiencias o distorsiones puntuales -y abundantes- que entorpecen el desarrollo económico.
La parte positiva de esta estrategia se palpa con solo examinar las cifras de nuestras exportaciones. Durante los últimos doce meses, los únicos sectores verdaderamente dinámicos, que explican el crecimiento de las ventas al exterior y suman contundentemente al PIB, son, principalmente, los amparados al régimen de zonas francas. Las exportaciones totales del primer semestre de este año, por ejemplo, crecieron un 28,2 por ciento en relación con el mismo período de 1998; sin embargo, si se excluye el aporte de las empresas amparadas a zonas francas, más bien se produjo una baja del 19,6 por ciento. Aquí es especialmente importante el llamado "efecto Intel": la gran compañía fabricante de microprocesadores representó alrededor de un 37 por ciento de nuestras ventas al exterior durante la primera mitad de 1999.
Resulta admirable este crecimiento y es muy positivo que, gracias a él, hayamos podido crear miles de puestos de trabajo, insertarnos más profundamente en la economía mundial y sobrellevar mejor los efectos de las bajas en café, banano y azúcar en los mercados internacionales.
Pero la moneda tiene también un reverso negativo. Aparte de una gran dependencia de una sola empresa o sector, hemos creado una especie de economía de enclave próspera en medio de un Estado poco eficiente, pobre y endeudado, al que ese ámbito en ascenso y exonerado contribuye apenas marginalmente.
Los problemas fiscales del sector público son, en este momento, la principal traba para un desarrollo con estabilidad. Y aunque sus efectos negativos afectan a todos, mediante altas tasas de interés, escasa inversión pública y malos servicios, los principales perjudicados son las empresas, trabajadores y ciudadanos que están dentro de la economía tradicional y no exonerada; es decir, la mayoría.
Dos mundos.- Se ha creado así una división entre dos mundos productivos y empresariales, que podría llegar a tener hondas repercusiones sociales. Más aún, las dificultades financieras del Estado, sumadas a los múltiples entrabamientos institucionales, están deteriorando muchas de las ventajas competitivas (salud, educación, servicios, estabilidad y administración de justicia, por ejemplo) de las que nuestro país ha disfrutado, y que explican tanto como los incentivos la alta atracción de inversión extranjera directa.
¿Qué hacer? No podemos darnos el lujo, como sociedad, de suprimir de golpe todo el esquema que ha permitido el crecimiento del sector más dinámico. Este es ahora un sostén indispensable de nuestro desarrollo. Tampoco basta con medidas aisladas, aunque importantes, como el próximo fenecimiento de los CAT y el mayor control de los incentivos turísticos. Lo que debe emprenderse con urgencia es una reforma profunda y verdadera de todo nuestro aparato productivo e institucional, para que cada vez sea más eficiente y cree condiciones más favorables de desenvolvimiento para toda la economía. Mientras se avanza por esta vía, simultáneamente deberían reducirse los incentivos de que goza el "segundo sector", hasta que haya una equiparación entre todos.
El crecimiento de las zonas francas, del turismo incentivado y de las exportaciones subsidiadas explica, sin duda, parte importante del éxito de un nuevo modelo exportador que arrastra a toda la economía. Pero también se ha convertido -una paradoja más- en el mayor ejemplo del fracaso de nuestros gobernantes por crear condiciones generales que permitan a todos los actores económicos competir con eficiencia y en igualdad de condiciones por recursos y mercados.
El esquema, tal como está, muy pronto podrá llegar a sus límites y tornarse insostenible financiera, política y socialmente. Su reforma impone dar pasos serenos y realistas, pero también rápidos y certeros.