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El Gobierno divulgó el viernes los tres proyectos de ley con que se pretende modificar la estructura y condiciones de funcionamiento del Instituto Costarricense de Electricidad y los servicios que presta. El jueves sus textos serán enviados a la Asamblea Legislativa, como parte de la agenda de sesiones extraordinarias. A partir de aquí se iniciará una discusión de gran trascendencia nacional, porque de su resultado no solo dependerá la suerte de esa institución, sino --mucho más importante-- el desarrollo de las telecomunicaciones y la energía en nuestro país.
Los planes, por su volumen, detalle e importancia, requieren de un profundo estudio antes de emitir opiniones precisas sobre las propuestas que contienen. En su oportunidad daremos las nuestras. Sin embargo, al margen del contenido preciso de los tres proyectos es importante comentar algunos puntos de partida indispensables para que la discusión, que desde el jueves se centrará en la Asamblea Legislativa, derive en lo mejor para todos.
En primer lugar hay que tener en cuenta que la gran prioridad nacional, en estas materias, no ha de ser satisfacer intereses de grupos, proteger estructuras creadas y ni siquiera garantizar la existencia de instituciones que, como el ICE, han jugado un importante papel en el desarrollo del país. Lo fundamental, más bien, es plantearnos qué decisiones deben tomarse --y mediante qué modelos de organización y gestión deben encauzarse-- para que los costarricenses podamos tener ahora y en el futuro servicios de energía y telecomunicaciones de la mejor calidad, la mayor cobertura y a los más bajos precios posibles. Este es el meollo del asunto y no debe perderse de vista.
Para alcanzar lo anterior, por supuesto, hay que considerar aspectos más específicos. Primordial es, por supuesto, que cualquier propuesta sea respetuosa del marco legal existente. Si se estima que este es insuficiente o inconveniente, debe plantearse abiertamente su reforma, no acudir a procedimientos que, eventualmente, sean insostenibles jurídica o constitucionalmente.
Es necesario considerar, además, que en un mundo de tecnologías tan cambiantes y necesidades de inversión tan voluminosas y rápidas, cualquier respuesta adecuada deberá tomar en cuenta los aportes de inversionistas privados, sean nacionales o extranjeros, y deberá hacer lo posible por desterrar los monopolios, que generalmente conducen a malos servicios. En este sentido, es importante tomar en cuenta experiencias de otros países, en que no solo la telefonía, sino incluso la producción y distribución de energía han entrado en esquemas de competencia y --esta última-- de gran descentralización, con organismos reguladores fuertes y eficientes que se encargan de proteger a los consumidores y garantizar los suministros a largo plazo.
Aunque lo esencial en todo el proceso que ahora se inicia tiene que ver con comunicaciones y energía, también es conveniente tomar en cuenta la oportunidad que se le presenta al país para, siempre con el anterior objetivo como guía, utilizar el proceso de cambio en el ICE como una forma de reducir la deuda interna del Estado, la cual, en este momento, es el problema que más afecta nuestro desarrollo. Es decir, debe discutirse abiertamente si es conveniente vender activos, de qué forma y con qué objetivos. El tema es demasiado importante y urgente como para que, en aras de evitar problemas con algunos sectores, se deje en la gaveta para el futuro.
Esperamos que, ahora que ya hay propuestas concretas sobre las cuales discutir, se abra una dinámica creativa, inteligente, libre de telarañas ideológicas, con visión de largo plazo y con la mira puesta en el mayor bienestar nacional posible. Nos proponemos, desde La Nación, contribuir al máximo en este proceso.
