La negativa del Gobierno de Nicaragua para que pescadores costarricenses ejerzan su actividad en aguas próximas a Nicaragua sin delimitación adecuada, ha entorpecido un importante convenio entre ambos países en materia laboral. Confiamos, sin embargo, en que las conversaciones continúen y que, por intereses y beneficios comunes, se culmine en un arreglo mutuamente satisfactorio.
La posición de Costa Rica tiene fundamento. Se trata de que, en vista de la confusión producida por la falta de una delimitación marítima clara y de los conflictos originados en este hecho, el Gobierno de Nicaragua les permita a unos 200 pescadores artesanales costarricenses pescar en aguas del Caribe. Por otra parte, el Gobierno costarricense aduce, con aporte de pruebas suficientes y documentadas, que las autoridades de Nicaragua han lastimado la soberanía nacional al actuar manu militari contra los trabajadores de Costa Rica, secuestrar sus embarcaciones, cobrar multas antojadizas y elevadas y, como remate, devolver las embarcaciones y sus instrumentos de trabajo en mal estado. El asunto cobra especial relevancia por cuanto Nicaragua actúa en esta forma en medio de la duda y la confusión provocadas por la falta de límites precisos.
El Gobierno de Costa Rica, además de interponer los argumentos anteriores, invoca los principios de reciprocidad, solidaridad y buena fe. En efecto, si, en esta coyuntura, se afecta a 200 pescadores costarricenses, nuestro país ha otorgado, durante muchos años, a decenas de millares de ciudadanos nicaragüenses paso franco para trabajar en nuestro país, además de brindarles a estos y a sus familiares servicios de salud y educación, sin distinción entre estos y los costarricenses. Esta es la forma en que debe actuarse independientemente de cualesquiera otros factores: la dignidad y derechos de los inmigrantes no se pueden cuestionar. Pero, al menos, debería existir una mínima reciprocidad del Gobierno nicaragüense. Su empecinamiento carece de fundamento legal y ético.
Por otra parte, la pesca de 200 trabajadores costarricenses, mal apertrechados y sometidos a procedimientos de pesca artesanales y arcaicos, representa una burbuja en un océano de recursos pesqueros que, además, tampoco pueden explotar para sí los pescadores de Nicaragua por razones técnicas, físicas y económicas. Así, la actitud del Gobierno de Nicaragua, además de ser mezquina, debilita las relaciones entre ambos países e impide la formulación de un acuerdo más amplio que interesa a ambos países. Arrieros somos y en el camino de la historia muchas veces nos tenemos que encontrar...
Esperamos que, al fin, la razón y el espíritu humanitario salgan airosos y que los escamoteos políticos, las presiones internas o añejos criterios nacionalistas no impidan una solución favorable para los trabajadores que es lo que, en verdad, debe contar.