EscucharSi pensamos en la capacidad para adquirir bienes y servicios, toda sociedad humana es desigual. El objetivo de una buena reforma tributaria es reducir esa desigualdad. Por esta razón, si hablamos de justicia en términos de impuestos, estamos refiriéndonos a una cuestión esencialmente política.
Un proyecto de ley que tiende al ordenamiento fiscal exclusivamente, a la buena administración de los impuestos, es tema para técnicos; pero el que contiene una reforma tributaria profunda es de políticos o, mejor, de estadistas, al señalar, en este caso, objetivos del Estado.
Mayor cuidado y estudio. El proyecto que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa indica que es para ordenar normas o leyes tributarias, lo cual me parece acertado. Pero, si se trata también de aumentar o reducir impuestos, se está diseñando una perspectiva política que merece mayor cuidado y estudio. Globalizar la tributación para imponer una sola renta, prescindiendo de la cedular que rige en la actualidad, es correcto. Sin embargo, si al mismo tiempo la ley reduce impuestos a los dividendos de los accionistas y a las empresas, mantiene las zonas francas que pueden legalizar el contrabando y aumenta la cobertura del impuesto indirecto a las ventas, entonces la situación varía sustancialmente.
Algún amigo que tiene que ver con el proyecto de ley referido me ha dicho que se tiene la intención de aprobar una ley socialdemocrática. Pero tengo muchas dudas de que esto sea así. Desde el punto de vista de la socialdemocracia, una propuesta de reforma tributaria es aceptable si el impuesto tiende a reducir el desequilibrio social; o sea, si acentúa la imposición en el tributo directo –que siempre tiene nombres y apellidos– y si, al mismo tiempo, presenta una marcada tendencia a reducir los impuestos indirectos, que son cargas al pueblo.
El desequilibrio social. Si alguien piensa que el Estado costarricense necesita urgentemente recaudar más dinero, sin tener en cuenta la justicia y la equidad, la solución es muy fácil: que se aumente el impuesto de ventas del 13 al 20 por ciento, y se amplíe para que cubra más bienes y servicios. Con una medida así, el Estado soluciona todos los problemas fiscales, pero precipita la sociedad a una seria confrontación que podría terminar en una revolución abierta. Por eso, un proyecto de reforma tributaria –no de la administración del tributo– es un asunto de estadistas. Lo preocupante, para la sociedad costarricense actual, es que no vemos a los estadistas. Apreciamos, eso sí, a mercaderes, negociantes y empresarios que piden reducir sus impuestos del 30 al 18 por ciento y, simultáneamente, mantener las zonas francas. Esto tiene un sospechoso matiz.
Ahora hemos copiado la legislación española y aceptamos el impuesto al valor agregado –IVA–, con toda la extensión que en España tiene. Entonces, el proyecto en discusión aumenta el impuesto indirecto de ventas, no en su porcentaje, aunque sí en una mayor cobertura. La recaudación podría ser muy grande, pero las espaldas del pueblo se doblarán visiblemente.
Corte liberal. Si esto es así, como parece, la ley de reforma tributaria –y debería agregarse: “de reducción del impuesto a inversionistas y empresas y de aumento a los sectores populares”– es de corte totalmente liberal.
A como voy entendiendo, se organiza la recaudación y administración de los tributos, pero se aumenta el desequilibrio social. Con sobrada razón, no escuchamos protestas significativas en las alturas.
