Se publicaron, la semana pasada, en este periódico dos reportajes sobre atrasos administrativos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la compra oportuna de equipo que afecta la salud de los pacientes. Estas informaciones, como otras en el pasado, no tienen, obviamente, como propósito desacreditar los servicios de esta institución y, mucho menos, como se ha afirmado, apurar la contratación de servicios privados. El único objetivo es llamar la atención sobre la existencia de entrabamientos burocráticos, darles voz a los quejosos frente a las instituciones públicas y contribuir a que los asegurados disfruten de un servicio pronto y eficaz. Así hemos procedido, en situaciones similares, con otras entidades públicas. Los problemas sociales constituyen una parte primordial de la agenda noticiosa de La Nación .
Todo lo referente a la salud representa una cuestión capital. En este campo el país cuenta con un contingente de profesionales en ciencias médicas de primer orden. Sin embargo, el gigantismo de la CCSS, causa de una gestión compleja y, a veces, descuidada, puede malograr la calidad de estos recursos humanos cuando sufre mengua el ejercicio de la autoridad y cuando la gestión es lenta o engorrosa. En este sentido, las listas de espera han sido uno de los mayores desafíos de la institución. A esta acumulación contribuye la tardanza en la compra de equipo por motivos burocráticos o la falta de coordinación entre los hospitales. Estos problemas se reflejan en nuestros dos últimos reportajes sobre las biopsias prostáticas o en la falta de equipo para exámenes de la vista. En cuanto a estos, 127 pacientes podrían estar expuestos al agravamiento de su enfermedad por la insuficiencia de equipos para cirugías complejas de la vista. Pareciera que la realización de estas operaciones se antecede de un enmarañado camino de trámites administrativos para conseguir la ayuda económica necesaria. De este modo, un procedimiento que debería consumir, teóricamente, ocho días puede prolongarse por varios meses, lo que, además de estimular procedimientos incorrectos, ha dado lugar a dos reclamos de indemnización de parte de los quejosos o afectados. El gerente médico de la CCSS, Horacio Solano, investiga la lentitud en el tratamiento de unos 40 pacientes. La solicitud de las autoridades superiores de la CCSS, seguida de las correspondientes sanciones, si el caso lo requiriese, representa uno de los más eficaces acicates para poner coto a estos problemas.
El caso de las biopsias de próstata choca con los mismos obstáculos. Desde julio del año pasado no se llevan a cabo este tipo de biopsias por la existencia de equipos averiados o la pérdida de aparatos básicos para tomar las pruebas, lo que afecta a 76 pacientes. Por otra parte, en ocho meses, las autoridades médicas y administrativas del hospital San Juan de Dios no han podido resolver la compra de un ultrasonido transrectal para biopsias dirigidas, cuyo costo no sobrepasa los ¢10 millones. Tampoco los pacientes con premura han sido referidos a otros hospitales que sí brindan este servicio. Una orden de reposición de un aparato básico tardó dos meses en llegar a la Proveeduría, y la guía respectiva ingresó el 15 de enero. Las autoridades del citado hospital han reconocido que “por obstáculos legales” las gestiones pertinentes no han culminado. No hay duda, entonces, de que algunas trabas burocráticas están conspirando contra la salud de los asegurados en aspectos críticos. Todo esto debe merecer la atención inmediata y esmerada de las autoridades de la CCSS.
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