Las telecomunicaciones, ejemplo de la más avanzada y sofisticada tecnología, aceleran diariamente la tasa de comunicación y transferencia tecnológicas. Su carácter sobresaliente es el desarrollo constante y veloz; su efecto más notable, el vertiginoso desarrollo de la información tecnológica. Esta, a su vez, crece y afecta las otras áreas del saber, la economía, la industria y las estructuras de producción, el comercio, la seguridad del planeta, la vida individual, familiar y comunitaria, la calidad del contacto humano y, desde luego, la educación y la cultura.
¿Cómo definimos información tecnológica? Utilicemos la definición de UNESCO, que dice así: Información tecnológica es el conjunto de disciplinas científicas y tecnológicas, las ingenierías y las técnicas utilizadas en el manejo y procesamiento de información; sus aplicaciones; las computadoras, la interacción entre la gente y las máquinas, así como los aspectos sociales, económicos y culturales asociados". Un ámbito muy amplio, ¿verdad? Por eso influye en todos los aspectos de nuestras vidas y sacude los cimientos de las sociedades industriales modernas. Se comprende así, porqué la Comunidad Europea estableció una comisión de expertos, para valorar los alcances del fenómeno que está ocurriendo. En forma paralela, la Comisión de Ciencia y Tecnología de las Naciones Unidas, estableció dos grupos de trabajo que estudian el acceso a la información tecnológica y el impacto de ésta. Estos grupos reciben el apoyo de numerosos expertos e instituciones internacionales.
El informe preliminar de la Comisión Europea, titulado Building the European Information Society for Us All, así como los documentos de trabajo que utilizan los grupos establecidos por la Comisión de Ciencia y Tecnología de las Naciones Unidas, mencionan la existencia de variables que definen el acceso. ¿Cuáles son éstas? De acuerdo con los expertos, ellas son: la infraestructura física, la infraestructura institucional, la legislación nacional e internacional, las políticas nacionales e institucionales, la factibilidad económica, un ambiente sociocultural adecuado, recursos humanos bien capacitados y voluntad política.
Concentramos el comentario de hoy en infraestructura física e institucional, factibilidad económica, marco legal y voluntad política. La infraestructura física se considera un prerrequisito e incluye la infraestructura nacional de información y el acceso a la infraestructura global (WWW). La infraestructura institucional es vital. Debe ser ágil, eficiente, poseer un nivel tecnológico adecuado y disponer de un marco legal claramente definido. Con frecuencia, la "cultura organizacional", concebida como la forma de percibir y hacer las cosas, interfiere con los procesos de cambio, obstaculizando la introducción de nuevas metodologías o la adopción y "domesticación" de tecnologías más avanzadas. Las razones del rechazo son diversas e incluyen, entre otras, la falta de satisfacción en el trabajo, el sentimiento de rechazo profesional, el temor al cambio tecnológico, la incomprensión sobre los beneficios del cambio y la variación en el ambiente de trabajo. Esta dimensión cultural que condiciona el éxito o fracaso de un proceso de cambio, casi siempre es relegada al olvido.
El aspecto económico es también esencial. Sin recursos no se puede mejorar la infraestructura física. El costo de mantenerse al día en tecnología y de extender el beneficio a toda la población es muy alto. Muchos países han optado por privatizar el sistema de telecomunicaciones, así como los servicios que a través de ellas se obtienen. Sirva Internet como ejemplo de servicio privatizado en algunos países. Incluso en los Estados Unidos, el gobierno optó por retirar el subsidio brindado a la National Science Foundation para el desarrollo y mantenimiento de Internet. Una vez creada y consolidada, la red que surgió como instrumento académico, fue cedida a la empresa privada. Hoy es administrada por cuatro compañías comerciales (AT & T. ICI, Sprint, Cable & Wireless) y los servicios se han diversificado. En Costa Rica, el IANA (Internet Assigment Number Authority) asignó el dominio superior (TDL) a la Academia Nacional de Ciencias, atendiendo al principio de que éste se otorga a la institución que garantice equidad e imparcialidad en la asignación de dominios, subdominios y direcciones. CRNet, administradora del sector académico, y RACSA del sector comercial, fueron organizaciones pioneras en el desarrollo de Internet en el país. Hoy la red incluye los sectores académico, comercial, educativo, financiero, de salud, gobierno y organizaciones. La ampliación de los servicios favoreció a más costarricenses. Sin embargo, el esfuerzo realizado no es suficiente y nos estamos quedando atrás. Costa Rica debe optar pronto por una alternativa que garantice el desarrollo armónico y eficiente del sistema nacional de telecomunicaciones y de los servicios que se ofrecen a través de ellas. Lo perfecto es enemigo de lo posible y parece que el país deberá considerar la opción que escogieron otros países en vías de desarrollo; esto es, el establecimiento de alianzas estratégicas que permitan mantener el control y extender los beneficios a todos los ciudadanos.
La decisión sobre el destino de las telecomunicaciones nacionales y la definición del marco legal respectivo es urgente. Debe recordarse que el avance científico-técnico siempre antecede a la legislación que regula la actividad o servicio que de él derivan. Como ejemplo basta recordar el caso de Millicom; un servicio que benefició a numerosos ciudadanos, pero cuya naturaleza resultó objetable de acuerdo con la legislación vigente.
Esperamos que nuestros políticos muestren sentido de futuro al decidir y voluntad política para ejecutar. En una sociedad basada en el conocimiento, el aprendizaje es un proceso continuo a lo largo de toda la vida. El sistema de telecomunicaciones debe ser excelente y permitir el acceso constante a nuevo conocimiento. En las sociedades industriales modernas ese acceso se convierte en un derecho y una necesidad, porque determina la capacidad para competir y sobrevivir. Por lo anterior, el derecho debe ser garantizado y la necesidad satisfecha. ¿Podremos los costarricenses disfrutar de esos beneficios?
(*) Presidenta Academia Nacional de Ciencias