EscucharLa crisis vial se ha convertido en una obsesión nacional tanto que, según algunas encuestas, preocupa más que la inseguridad de bienes y personas. Este dato es revelador y actual. El mal estado de las vías públicas afecta la economía nacional y personal, se sufre diariamente y en todo el territorio, desacredita al país y psicológicamente deja una sensación de abandono e impotencia.
Un artículo del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Silva, del miércoles pasado, en el Foro de La Nación, contiene algunos datos importantes sobre las causas de este problema, además de ofrecer algunas soluciones. Aunque el titular del MOPT censura "las críticas destructivas sobre el pasado, que no conducen a las soluciones que el país demanda", resulta inevitable referirse a ellas. ¿Puede ser destructiva la crítica ante la catástrofe vial de Costa Rica? El propio Ministro aporta una crítica valiosa al informar que, en setiembre de 1993, un 88 por ciento de las carreteras pavimentadas se encontraban en mal o regular estado y que para mayo de 1994 solo "un 5 por ciento" (158 kilómetros) quedaba "en buen estado". Estas cifras ponen de manifiesto la imprevisión y despiste de nuestros gobiernos. Así ocurrió con el descalabro del sistema de pensiones o con el incremento de la deuda interna. Se tomó nota de estos males, denunciados, además, por instituciones internacionales y sufridos por los costarricenses, y no se actuó de inmediato a tono con la magnitud del problema. El despertar ha sido doloroso y costoso.
Es decir, la crisis vial ha reflejado un estado mental y una intensa miopía política, frente a los problemas nacionales, agravadas, en el caso de las vías públicas, por otras causas --presentes y pasadas-- enunciadas por el ministro Silva: la incompetencia o abandono de algunas empresas constructoras, el abuso de los recursos legales y la lentitud para resolver (la Costanera Sur Barú-Piñuelas se apeló en diciembre de 1996, la Contraloría resolvió en abril de 1997 y se inició tres meses después), la ineficiencia de las municipalidades, por falta de recursos y por su anacronismo estructural. Debe agregarse, por supuesto, la responsabilidad, en gran medida y durante muchos años, del propio MOPT.
El ministro Silva ha propuesto dos proyectos de solución: un "plan vial" 1998-2005 que, según los cálculos del MOPT, reconquistará la red vial en siete años, mediante una inversión anual de 12.000 millones de colones. Asimismo, se establecerá el Consejo de Conservación Vial, con independencia administrativa y recursos estables, a fin de darles continuidad a los programas viales, y, como se informó recientemente, se reestructurará totalmente el MOPT con el asesoramiento de técnicos franceses. Estos proyectos merecen el respaldo de los costarricenses. Debe tomarse en cuenta, sin embargo, la realidad política: ¿cómo hacer para que el próximo gobierno, dentro de seis meses, acoja estos planes y continúe su ejecución? Es preciso, en este punto, volver también al pasado: las pérdidas gigantescas sufridas por el país por numerosos proyectos abortados o desestimados por razones políticas, lo que, a la vez, contribuyó a agravar y acumular los males existentes. Esta es otra versión del malhadado ciclo político que tantos daños ha causado a nuestro país. ¿Servirá la tragedia vial de Costa Rica para madurar y cambiar?
