El gobierno anterior, preocupado por el número de niños y niñas en las calles de San José, pidiendo limosna, abandonados o víctimas de las drogas o de cualquier desviado sexual, ordenó que debían ser recogidos o llevados a sus “casas”. Tolerancia cero. Sin embargo, poco a poco, los niños callejeros comenzaron a regresar a las calles y a sus puestos estratégicos. La orden fue flor de un día. La razón es simple: no bastan una orden o la más delicada de las intenciones. El problema es de fondo y toca la realidad socioeconómica e institucional de nuestro país.
Un reciente diagnóstico del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y Casa Alianza, cuyos resultados publicamos anteayer, nos pone frente a este patología social, resobada, pero no resuelta y ni siquiera atacada, conforme a un plan integral o, al menos, medianamente exitoso. De acuerdo con este estudio, 1.500 niños deambulan por nuestras calles. El 71 por ciento de los menores entrevistados en San José, Puntarenas y Cartago expresan que viven de la explotación laboral y sexual; el 16 por ciento no son costarricenses; el 18 por ciento vive del robo y el 11 por ciento, de la mendicidad; el 76 por ciento no mantiene relación alguna con la familia; el 57 por ciento tiene primaria incompleta y el 24 por ciento, secundaria incompleta; el 32 por ciento ha sufrido enfermedades sexuales y el 26 por ciento, anemia; el 76 por ciento es adicto a las drogas, todo el día o dos veces al día, y el 24 por ciento combina drogas y sexo. Los otros datos no se apartan de esta lógica fatal.
He aquí un cuadro social que conmueve la realidad actual y que está, desde ahora, carcomiendo nuestro futuro, máxime si lo combinamos con los datos de otras encuestas, como la publicada el domingo pasado por La Nación , en relación con el consumo de drogas y de licor en los colegios de secundaria. Uno de cada 10 estudiantes ha probado la marihuana; tres de cada 100, la cocaína y algunos, el éxtasis. Por otra parte, el 71 por ciento de los hombres y el 69,9 por ciento de las mujeres han consumido licor: el 29 por ciento de los hombres y el 22 por ciento de las mujeres hasta la ebriedad. Es decir, graves patologías sociales están invadiendo el sector más sensible de nuestra sociedad: los menores abandonados por sus familias o que viven en un medio familiar destruido, por lo que van a la calle como liberación o en busca de pertenencia, y los estudiantes adolescentes que viven en familia y dotados de mejores condiciones socioeconómicas, pero que, por motivos de diversa índole, recurren a la droga y, en mayor medida, al licor.
La respuesta del Estado y de la sociedad en ambos casos es deficiente. En cuanto a los niños de la calle o en la calle, el PANI, su teórica entidad protectora, aduce lo de siempre: falta de recursos. Su presidenta ejecutiva, Rosalía Gil, declaró que los únicos tres programas que tenía el PANI para la atención de estos niños, en Cristo Rey (San José), Puntarenas y Limón, se cerraron el año pasado por carencia de medios económicos. Ahora deben comenzar de cero. Se ha elaborado, asimismo, un plan interinstitucional, pero no se cuenta con instalaciones; se han habilitado dos albergues, en Coronado y en Patarrá, pero la capacidad es mínima, y se ha recibido el apoyo del hogar Tía Tere, en Guácimo, para las niñas víctimas de la explotación sexual. En suma, frente a un problema social enorme, la acción estatal es, realmente, deplorable, ahora y desde muchos años atrás, sin que la eterna excusa de la falta de recursos le sirva a nadie de justificante, ni siquiera de atenuante.
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