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La entrada en vigor del Protocolo de Kioto es uno de los pasos más importantes en los últimos años en cuanto a protección ambiental, solo opacada por la posición separatista de EE. UU. y Australia, que irónicamente son de los principales contaminadores del mundo.
No obstante el limitado efecto del Protocolo, su entrada en vigor es celebrado por todos aquellos que nos preocupamos por el ambiente y tememos los efectos del cambio climático, que se nos demuestra usualmente a través de catástrofes ambientales, antes solo vistas en las más curiosas películas de ciencia ficción.
El principal objetivo del Protocolo es reducir la emisión de gases que provocan el efecto invernadero culpable del calentamiento global.
Sin fronteras. Un error común que hemos cometido los países en desarrollo es pensar que el problema de la contaminación ambiental atañe únicamente a los países desarrollados. El cambio climático no distingue fronteras ni condiciones socioeconómicas. Lo que se contamine en un país afectará necesariamente a los otros pues todos compartimos el mismo planeta.
En este sentido, el papel de los países en desarrollo no debe limitarse simplemente a "vender aire limpio"; ello justifica la posición de EE. UU. de que países como Brasil, China e India también deben obligarse a reducir emisiones.
¿Cómo reducir? En tiempos pasados se consideró que desarrollo era sinónimo de contaminación y destrucción ambiental. No es de extrañar, entonces, que los precios de los recursos naturales no fueran vistos por el mercado, con lo que se generó una economía "ineficiente" en la asignación de precios.
Los tributos ambientales son uno de los instrumentos financieros que pueden corregir este problema. A través de ellos se pretende otorgar a los recursos naturales un precio. La idea no es nueva, desde la década de 1920 a.C. Pigou determinóque cuando un participante del mercado utiliza bienes públicos a los que no se les ha asignado un precio, se produce costo para la restauración o sustitución de esos recursos (costos sociales). Como nadie asume esos costos, lógicamente se produce una alteración del mercado.
Para corregir el problema sugirió internalizar esos costos en los precios de los productos, con lo que se espera hacer responsable al contaminador por sus actos. Más tarde, los economistas estadounidenses W.J. Baumol y W.E. Oates desarrollaron el modelo de los precios estándar para superar la dificultad de cálculo que planteaba el de Pigou. Este sistema propone que el objetivo del tributo es alcanzar un fin político preestablecido al menor costo.
La tarifa del tributo se establece de forma que los costos de las medidas por adoptar para reducir la contaminación sean menores al tributo. Así, mientras la tarifa en el modelo de Pigou es según los costos de los daños causados, el de los precios estándar supone ciertamente un proceso político de prueba y error, a partir del cual se establece la tarifa que resulta adecuada. Ambas tienen la misma pretensión: que los contribuyentes contaminen menos.
No basta la venta de aire "limpio". Para cumplir eficientemente con la reducciones, los países firmantes del Protocolo de Kioto no podrán limitarse a comprar lo que otros no han contaminado, las metas son dinámicas y el tiempo para cumplirlas es corto. Sin duda, la entrada en vigor del Protocolo impulsará de nuevo la corriente ambientalista que ha promovido la ecologización de los sistemas tributarios europeos, y los ha convertido en los más modernos.
Hay dos opciones: ecologizar el sistema tributario o crear nuevas cargas tributarias ambientales; ambas, sin ninguna duda, harán que la mano invisible que mueve la economía empiece a tomar un tono verdusco. Para Costa Rica, conocida promotora mundial de la protección ambiental, la oportunidad no se puede pasar por alto, debemos tomar una posición activa.
