EscucharUno de los cuestionamientos principales contra el TLC, de parte de algunos opositores, ha sido el peligro de la privatización del servicio del agua. Se ha dicho también que podría venderse a otros países y que los habitantes podrían quedarse sin agua. No hay duda de que este tipo de propaganda, basada en el temor y la mentira, no solo crea confusión sino que, por la sensibilidad del tema, puede penetrar hondo en algunos sectores.
Este tipo de desinformación pone al descubierto, una vez más, uno de los problemas más serios en la administración pública: por perseguir fantasmas, al calor de visiones ideológicas, se pierde la noción de la realidad. No se analizan objetivamente los hechos o los datos fehacientes, sino que se les da rienda suelta a la fantasía y a los intereses políticos. No se analizan los problemas internos de las instituciones públicas con el ánimo de rectificar, innovar y avanzar, en beneficio de la gente, sino que cualquier crítica externa se inserta en la teoría de la conspiración o en intenciones recónditas de desacreditar o de instalar en el Estado el caballo de Troya de la privatización. El reportaje de La Nación del viernes pasado, de la periodista Giannina Segnini, sobre las graciosas concesiones en el interior de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en provecho de un grupo privado, pone las cosas en su lugar.
En suma, mientras algunos denunciaban que el servicio de agua se iba a privatizar o se secarían los cauces de los ríos, por el TLC, la privatización real había comenzado a instalarse en el AyA de la mano de un grupo privado. El reportaje citado se refiere al agua de Playas del Coco y Ocotal, mas este es solo un episodio de un historial más amplio en otras partes del país. Es decir, el intruso no venía de fuera, en alas del gran capital o del neoliberalismo, para apoderarse de uno de los elementos vitales del ser humano y de una sociedad, el agua, sino que se trata de uno de los nuestros, autodotado de poderes omnímodos, bajo el alero de la costumbre, el temor y la impunidad. Conviene reparar en estos hechos.
Posiblemente, en esta oportunidad La Nación sea objeto, otra vez, de vituperios de parte de algunos sectores interesados en no hacer olas y en mantener el statu quo. Es una vieja historia. Cuando, en el pasado, este periódico denunció suculentos actos de corrupción, se le espetó que estaba socavando las conquistas sociales del pueblo de Costa Rica. Esta frase se patentó. El tiempo precisamente nos dio la razón en cuanto a la veracidad de las denuncias. La corrupción estalló a borbollones. Cuando La Nación ha investigado e informado al país sobre la mala gestión pública, los actos de corrupción o el tumor del clientelismo político, algunos dirigentes sindicales y no pocos políticos han saltado a defender lo indefendible, y a lanzar cortinas de humo, para no ver lo que está pasando en el interior de las instituciones y, a veces, en sus propias narices.
Esta mentalidad ha dañado al país y al Estado. Por no actuar a tiempo, pese a las luminosas señales o a las informaciones oportunas de la prensa, el mal ha crecido, los servicios han venido a menos; los buenos funcionarios se han desalentado y la desconfianza en las instituciones públicas ha aumentado. Complace, por ello, que en esta oportunidad, ante las denuncias publicadas, hayan actuado de inmediato el presidente ejecutivo del AyA, Ricardo Sancho, y la Junta Directiva. Con igual diligencia han procedido las autoridades del INS, del MEP, del MOPT y de otras entidades en casos parecidos. Esta labor de limpieza debe continuarse. La tarea acumulada es ingente.
