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Los propietarios de vehículos se enfrentan, día a día, con el mal estado de las carreteras, pues el 80 por ciento del sistema vial del país sufre un tormentoso deterioro. Durante varios años, el Estado se ha desentendido de la inversión pública en puertos y carreteras. Ahora, con la llegada del invierno el deterioro será aún mayor.
La pugna entre el conductor y las calles se ha trasladado también a las oficinas públicas y privadas. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) responsabiliza a las empresas de la deficiente construcción y del alegre mantenimiento de las carreteras y los empresarios de inmediato le devuelven la acusación al Gobierno, al que le enrostran los malos diseños. Por otra parte, la Contraloría General de la República ha denunciado, en diversos informes, el despilfarro creciente por culpa de las empresas constructoras y las fallas internas del MOPT, en cuanto al diseño y a una fiscalización complaciente. En estos días, asimismo, el titular del MOPT y la Contraloría han intercambiado fuertes críticas. Aquel achaca los atrasos en bacheos, mantenimiento, construcción y reconstrucción de vías públicas a la lentitud de la Contraloría y esta se defiende de dichos cargos.
La responsabilidad debe compartirse. No hay duda sobre la responsabilidad que incumbe directamente al MOPT y a las empresas constructoras. Algunas de estas, como se han probado en forma abundante, no han procedido correctamente y un buen lote de responsabilidad incumbe al MOPT, como se ha dicho, en cuanto al diseño y la fiscalización. El problema se complicó también por una ley de contratación administrativa arcaica --ya derogada-- que dio pábulo a toda suerte de abusos en las apelaciones y de artimañas de los perdedores para perjudicar a los adjudicatarios, sin tener en cuenta para nada el interés nacional.
Esta pugna persistirá, mientras no se corrijan las causas. En relación con la Ley de Contratación Administrativa, la Contraloría dispone ahora de mecanismos legales más claros y categóricos para sancionar y apresurar los trámites. La Contraloría es, sin embargo, etapa final o intermedia. Es preciso reformar radicalmente, entonces, la concepción y el funcionamiento del MOPT, donde está la fuente de las desventuras viales del país por acción o por omisión. Este ministerio debe dedicarse a las tareas fundamentales de programación y evaluación. A la empresa privada debe corresponder las de diseño, fiscalización y ejecución, tanto en el plano de la construcción como en el de reconstrucción y mantenimiento.
Costa Rica cuenta con empresas y con profesionales en ingeniería civil de altos quilates. Es obligación del MOPT utilizar al máximo estos valiosos recursos, conforme al principio de subsidiariedad, a fin de centrarse en lo esencial, como queda dicho: programación y evaluación, es decir, planificar con visión y criterio técnico, y pedir cuentas rigurosas. La corrupción y la irresponsabilidad florecen y se enquistan en el Estado cuando este se desvía y confunde sus papeles. Deja de ser guardián del bien común para convertirse en factor de desorden y de impunidad. Esta es una cuestión, como se ve, de mucha monta y, además, repetida hasta la saciedad. Conviene, entonces, que se le explique al país qué será del MOPT --a corto plazo-- en el actual proceso de reforma del Estado.
