Cada vez con más frecuencia se publican artículos que responsabilizan a los empleados públicos y a sus sindicatos por los problemas de mal funcionamiento del Estado. Esto me parece una simplificación que desvía la atención del mal funcionamiento del sistema y de sus verdaderas causas. Desde luego que nadie puede negar que existen empleados públicos que se creen dueños del puesto por sus "atestados políticos" y miran por encima del hombro a los ciudadanos que llegan a pedir servicios, como si fueran dueños de la hacienda pública.
Tampoco se puede negar que en las demandas de los sindicatos públicos prevalecen los criterios corporativos sobre los nacionales y que eso no entusiasma al público que quiere soluciones institucionales que le devuelvan sus eentidades con eficacia y calidad en los servicios. Tampoco se puede dejar de pensar que algunos de sus dirigentes o eran muy poco perspicaces o han cohonestado, volviendo a ver para otro lado, la corrupción de los altos jerarcas a cambio de las boronas que les caían de la mesa, mientras las autoridades superiores se repartían jugosos "premios" con el patrimonio nacional. Pero de ahí a pensar que la causa generadora de los problemas del Estado son los empleados públicos y sus sindicatos hay un abismo de ignorancia o la necesidad de buscar un chivo expiatorio que desvíe la atención de los verdaderos responsables.
Dependencia. Los empleados públicos, dentro de los cuales hay gente muy valiosa, son contratados, normados y administrados por la jerarquía política y son formados por el clima institucional prevaleciente en la práctica cotidiana de cada institución. De que la institución esté bien administrada y se cumpla con la evaluación de resultados y rendición efectiva de cuentas que exige el artículo 11 depende en gran medida la moral y la esperanza de un futuro mejor de sus trabajadores.
Cuando, por el contrario, interesan los negocios oscuros personales y no el bien público, "porque de por sí las empresas públicas son ineficientes", se buscan pretextos y parapetos formales, a menudo con matices moralistas, para que no exista forma de establecer controles ni de rendir cuentas. Por "casualidad" no alcanza el presupuesto para mantener los sistemas de información y los equipos de control, o "por falta de cultura administrativa" no existe personal calificado para ponerlos en marcha o darles seguimiento.
Penumbra. El malestar del personal por falta de perspectivas profesionales en la institución se tapa con prebendas. Estas prebendas y beneficios, cuando no responden a una mayor eficacia y calidad de la gestión, son evidentemente un claro indicio de mala administración. Que los sindicatos, en algunos casos, se aprovechen de esta situación para beneficio de sus miembros es condenable; sin embargo, quienes fomentan y mantienen el clima de penumbra y aprueban estas prebendas son las juntas directivas, el Ministerio de Trabajo y la Contraloría General de la República.
Son ellos los responsables directos, junto con los diputados que no ejercen su función de legisladores y de contrapeso con el Ejecutivo, por andar repartiendo placas y bonos, los responsables del desastre nacional. Sobre ellos y los empresarios rentistas que los financian recae verdaderamente la responsabilidad y esto debe reiterarse con claridad hasta que se muevan las fuerzas necesarias para enderezar la nave nacional. Ciertamente no hay que perderse en los síntomas inmediatos; debemos distinguir las causas del mal y apuntar todos nuestros esfuerzos contra ellas, así desaparecerán también los síntomas que tanto nos acongojan.
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