El Gobierno de Taiwán le donó a nuestro país el Puente de la Amistad sobre el río Tempisque, de 780 metros de largo y 13, 30 metros de ancho, con un costo de ¢10.140 millones. Dicho puente, diseñado y construido por ingenieros taiwaneses, se comenzó a construir el 25 de julio del 2000 y se terminará a principios de enero próximo. No se podrá, sin embargo, inaugurar y, por lo tanto, aprovechar en el próximo verano por cuanto la Comisión Nacional de Vialidad (Conavi), en el gobierno anterior, no cumplió con su deber. De este modo, el descrédito ha rebasado las fronteras. Ni siquiera por respeto a nosotros mismos, siendo el puente regalado, ponemos de nuestra parte.
Recientemente, la Contraloría General de la República denunció chambonadas parecidas en la construcción de la Costanera sur: diseños erróneos de los accesos a los puentes y, por lo tanto, desempalme entre ambos o confusión entre un acceso y una alcantarilla. Este fue el último episodio conocido de unos 20 años de torpezas técnicas en esta carretera, que aún no ha concluido. Creíamos que, por la índole de esos errores, era imposible superarlos. Pues bien, ahora se entera el país de que la burla no ha terminado y de que, en cuanto a la observancia de nuestra parte contractual, la construcción de las vías de acceso al Puente de la Amistad, por apenas 11, 8 kilómetros, fallamos en aspectos elementales, como son el estudio cabal del suelo y el grosor de la superficie de ruedo. La historia es simple: el MOPT realizó el plan original, Bel Ingeniería lo modificó casi totalmente e IMNSA recomendó otras variaciones. Luego, en el proceso de construcción de la vía, a cargo de la empresa Sánchez Carvajal, se encontraron los suelos arcillosos.
A la vez, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanmme) detectó que el grosor de la superficie era insuficiente para soportar el tráfico.
El costo original de los accesos ascendía a ¢1.689 millones. Ahora se necesitan ¢845 millones más para corregir los entuertos viales. Obviamente, estos recursos saldrán de los bolsillos de los contribuyentes. ¿Hasta cuándo? Algún día se ha de poner fin a este proceso de irresponsabilidad. Las fallas en materia vial del gobierno anterior han superado toda fantasía y bien sabemos del empeño de las actuales autoridades del MOPT para poner orden en esta cartera. Con todo, no vamos a seguir haciendo reseñas de errores y torpezas. Es deber elemental de estos funcionarios sentar la responsabilidad en los funcionarios y profesionales que, por acción o por omisión, han incurrido en estas desviaciones técnicas. No es posible que, no obstante la larga cadena de denuncias contra el MOPT, contra Conavi y contra algunas empresas constructoras, por varios años, no solo surjan sorpresas como estas que, repetimos, nos desacreditan internacionalmente, sino que siga flameando la impunidad. Además, escamados por experiencias anteriores, es preciso investigar también el proceso licitatorio y la justicia o fundamento de la adjudicación, así como su correspondencia con los materiales empleados y la obra realizada.
A lo largo de nuestra historia, los ingenieros costarricenses han levantado obras que nos enorgullecen. El cúmulo de fracasos del MOPT, en estos años, no rebaja, sin embargo, su crédito y sus credenciales. Algo, entonces, ocurrió en el seno de este ministerio o en las relaciones entre este y las decisiones políticas de los gobiernos, principalmente en cuanto a la calidad de los nombramientos y el deber de vigilancia, para que se haya llegado a estos extremos. Sería conveniente, dada la importancia del tema, escuchar la voz del Colegio de Ingenieros y la de la Cámara de la Construcción de Carreteras que, por cierto, prometió, hace dos años, salir de su mutismo. Hay que construir rápidamente el Puente de la Responsabilidad.
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