EscucharUnanimidad en un aspecto, mayoría en otros y opiniones minoritarias no siempre coincidentes. Así se puede caracterizar el resultado que obtuvo la comisión encargada de seguros en el marco del Foro Nacional de Concertación.
El acuerdo unánime respaldó la creación de una entidad que supervise la actividad, para garantizar que, cualquiera sea su estructura final, opere dentro de márgenes adecuados para sus usuarios y para el sistema financiero como un todo. Como la supervisión sólo puede darse dentro del margen de acción que le permite la ley de seguros, conviene que, al amparo del acuerdo citado, el Poder Ejecutivo elaborare de inmediato el proyecto respectivo y lo envíe a la Asamblea Legislativa, para que sea puesto en trámite conforme a los procedimientos establecidos. Un esquema de supervisión es algo muy complejo y debe comenzar a estructurarse cuanto antes.
En otras áreas relevantes del mercado de seguros el comité de concertación no llegó a acuerdos unánimes, pero sí de mayoría. También se han estado perfilando acuerdos -y posibles corrientes mayoritarias- alrededor de varios aspectos de los seguros en el seno del Congreso. Por esto, ni el Gobierno ni los diputados deberían esperar más para avanzar en reformas más globales del sector. No hacerlo implicaría otorgar derecho de veto a las minorías y esto a todas luces resultaría improcedente.
Las áreas de acuerdos mayoritarios más contundentes dentro de la concertación se refieren a la apertura, en un plazo no mayor de dos años, del mercado de seguros costarricense y a la venta del puesto de bolsa y la operadora de fondos de pensión que posee el INS.
Sobre la venta, total o parcial, de la institución y el monopolio del reaseguro (que desde hace dos décadas ejerce el INS) hubo mayores discrepancias en la comisión, aunque siempre una corriente mayoritaria favoreció el cambio. Sin embargo, esto no debe detener el proceso de apertura general: los puntos de acercamiento entre el Gobierno y la oposición -y entre estos e importantes sectores sociales- son suficientes como para que, a corto plazo, se puedan tomar las decisiones mayores sobre el futuro del INS. En este sentido, lo que más conviene al país es la venta total o mayoritaria de la institución, mediante un procedimiento ordenado y transparente. Un burocrático INS difícilmente podrá sobrevivir, sin el subsidio periódico del Estado, en un mercado competitivo. Por otro lado, en tanto sea una institución estatal, no procede liberarlo de controles externos (como los que imponen la Ley de Administración Financiera y la de la Contraloría General de la República), pues las empresas públicas no pueden operar como moro sin señor. Esto quiere decir que lo mejor es proceder a su venta cuando aún tiene una gran cartera de clientes y, por ello, tendrá un mejor precio en el mercado. Cómo hacerlo es algo que debe estudiarse cuidadosamente, pero sin que esto implique detener el proceso.
Además de todas las ventajas que un mercado abierto, competitivo y bien regulado ofrecerá a los usuarios, y el positivo impacto que tendrá sobre el mercado financiero, no debe perderse de vista que la competencia en servicios de aseguramiento es la tónica que favorece la Organización Mundial de Comercio, de la que Costa Rica es miembro. He aquí otra razón por la cual debemos, cuanto antes, avanzar en esa dirección.
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