EscucharLa delincuencia juvenil es un fenómeno social de actualidad. Esto se revela, por un lado, en la importancia que socialmente se le confiere a las conductas delictivas de las personas jóvenes y, por otro, en que la criminalidad juvenil de hoy es importante como posible criminalidad del mañana. En nuestro medio esta relevancia del tema se evidenció con la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Penal Juvenil (1º de mayo de 1996), en la que se produjo un cambio en el modelo de justicia juvenil. Se abandonó el modelo tutelar por uno de responsabilidad ante los menores que delinquen.
Cuáles son las propuestas con las que se va a enfrentar este fenómeno social desde la perspectiva de la prevención resulta un tema de interés general. Con el objetivo de que los candidatos presidenciales, Corrales y Rodríguez, expusieran sus propuestas y futuros programas relacionados con el tema de la delincuencia juvenil desde el enfoque de la prevención, me permití presentarles un perfil social del menor infractor penal.
El perfil social fue elaborado previo al proyecto de la Ley de justicia penal juvenil y representa sólo una parte -quizás minoritaria- de la totalidad de la delincuencia juvenil y sus características provienen de los criterios de selección de las instancias del control formal penal. Algunas de esas características que muestra sobre los menores infractores son las siguientes: 1) Sexo masculino, mayor de 15 y menor de 18 años. 2) Reside primordialmente en las zonas marginales urbanas. 3) Presenta un retraso escolar de cuatro años o más. 4) Trabaja en actividades que no requieren calificación laboral. 5) Contribuye al sostenimiento del grupo familiar. 6) El padre o la madre están desempleados o subempleados. 7) Proviene de una familia que es incompleta o desintegrada con ausencia generalmente del padre. 8) Convive el mayor tiempo fuera de su núcleo familiar, con grupos igualitarios. 9) Presenta adicción a drogas livianas y fuertes. 10) Muestra problemas de socialización o integración con grupos diferentes al que pertenece. Habría también que explicar que la investigación criminológica no ha demostrado que exista una conexión clara de causas entre estas características y la delincuencia, por lo tanto, la relevancia de estas para un pronóstico delictivo siempre es reducido.
Preguntas y respuestas
La pregunta formulada a los candidatos presidenciales fue: ¿Cuáles son las propuestas concretas, dentro de sus planes de gobierno, para la prevención de la delincuencia juvenil; cuáles serían las instituciones -públicas y privadas- que participarían y con qué prioridad se otorgarían fondos para esta actividad?
Las respuestas, en síntesis, fueron las siguientes:
Miguel Angel Rodríguez inició su exposición reconociendo el avance que en el ámbito legislativo hemos tenido con la aprobación de la Ley de justicia penal juvenil y dando su apoyo para la aprobación de los proyectos de Ley de ejecución de las sanciones penales juveniles y el Código de la niñez y la adolescencia. Diferenció la prevención cuando ya un menor de edad estuviera sancionado del que aún no ha delinquido. Explicó varias causas de la delincuencia juvenil, como por ejemplo: la violencia familiar, la deserción escolar, el desempleo, el alcoholismo de los padres y una situación de frustración general de la juventud.
Propuso don Miguel Angel lo siguiente: programas de capacitación y trabajo, apoyo a los programas antidrogas para niños y jóvenes, fortalecimiento de la rehabilitación social, con personal calificado y estímulo para el voluntariado. Apoyo al trabajo, especialmente de las organizaciones no gubernamentales, a favor de los niños de la calle, por el riesgo social en que se encuentran, mucho deporte y educación física, así como hábitos de competencia y socialización. Además, un autocontrol de los programas con contenido de violencia en la televisión.
José Miguel Corrales inició su respuesta señalando las diferentes etapas de la política estatal frente al fenómeno de la pobreza, muy relacionada con el delito. Indicó la primera etapa como una política de limosna muy similar a la practicada por la Iglesia, una segunda etapa de solidaridad llevada a cabo en nuestro país en los años cuarentas y que se refleja en la Constitución Política, y una tercera etapa actual de desarrollo humano que le permita a las personas no sólo recibir sino más bien prepararse para la vida. Como principal causa de la delincuencia señaló, además de la pobreza, a la familia y a la crisis actual por la que atraviesa, sobre todo por ser la familia la principal educadora de las personas. Señaló con respecto al menor de edad ya sancionado, que las políticas de prevención están estrechamente relacionadas con el fin que se le establezca a la pena. Las penas no deben tener como fin el sufrimiento, sino que deben ser rehabilitadoras. La cárcel no es otra cosa que una universidad del crimen, debido a lo anterior para los jóvenes las penas tienen que tener un contenido educativo y por eso calificó como un importante avance la Ley de justicia penal juvenil.
Como propuestas de prevención para los jóvenes que no han delinquido expresó lo siguiente: nuevos modelos de enseñanza, en los que se combine educación y trabajo, un sistema de seguros y becas, en los que no se exijan garantías crediticias, apoyo a la labor de las organizaciones no gubernamentales, apoyo a los deportes y fortalecimiento de la competitividad y reducción de programas violentos en la televisión. Concluyó su respuesta con la idea de que la misión de la política es educar, pero que algunos políticos con su ejemplo, más bien son una verdadera incitación a los jóvenes para que sean delincuentes.
Buenas, pero generales. Las respuestas dadas por los candidatos en general me parecieron buenas y reflejan un buen conocimiento técnico y actual del problema. Sin embargo, son muy generales, conservadoras y muy similares entre sí y con las que se han propuesto con anterioridad. Además, se omitió enunciar las instituciones y con qué rol participarían en la prevención de la delincuencia juvenil; y algo muy importante, no se explicó ni se especificó los costos y las fuentes de los recursos para llevar a cabo las ideas propuestas.
Hubiera sido más interesante manifestar que el delito en los jóvenes entre los 12 y 18 años es una conducta normal debido a un período de crisis de juventud y desarmonía con la madurez, ya que se encuentran en una fase transitoria y con perturbaciones de adaptación. A partir de esto, reconocer que los cambios sociales han provocado una pérdida de poder en la familia y en la escuela tradicional o del pasado. Esto provoca una inmediata modificación en el sistema de valores, y se expresa en las relaciones familiares, en el papel de la mujer y en la educación. Además, que la delincuencia juvenil no es una manifestación sólo de las clases sociales más pobres, ni de los sujetos estigmatizados socialmente.
Lo anterior debería obligarnos a replantearnos los modelos tradicionales de familias y escuelas, lo mismo que el rol de los jóvenes en la sociedad, para así poder proponer soluciones nuevas y creativas, integradas, multidisciplinarias e interinstitucionales, tanto a nivel público como privado.
Importante de destacar es que ambos candidatos proponen fines educativos a las sanciones juveniles, y no fines retributivos o de venganza, además de una política social general como forma de prevención del delito. Esto me parece correcto, ya que si bien no podemos eliminar el delito en general, y, en particular, en los jóvenes, con sanciones educativas y mucha política social, por lo menos podemos contener las tasas de criminalidad y, aún más, podemos reducirlas. Para ello se requiere una política pública que procure la mayor igualdad, justicia, tolerancia y, sobre todo, mucha humanidad.
