En relación con "Baja presa de pensiones" ( La Nación , 6/6/00), reconocemos que se ha acelerado el trámite de nuevos derechos y el caso de las viudas, pero como asociación que defiende los derechos de más de 4.000 afiliados, pensionados de los regímenes a cargo del Gobierno Central, aclaramos:
El artículo es inexacto en cuanto a las pensiones en curso de pago, a cargo de la Dirección Nacional de Pensiones, ya que si bien entendemos que hay mejoras en el trámite de nuevas pensiones, y se están pagando facturas algunas muy viejas, por reclamos de los jubilados, debido a errores incurridos en los pagos a su favor, también lo es que desde junio de 1996 el Estado no actualiza nuestras pensiones como corresponde.
Dice el reportaje: "Desde 1992 se les aplicó (a las pensiones en curso de pago) el modelo de revalorización conocido como costo de vida al monto, pese a que cada régimen de jubilación establece un sistema diferente de cálculo". La realidad es que, desde junio de 1996, la mayor parte de nuestras pensiones no han sido actualizadas como obligan las leyes respectivas; en cambio, se nos ha venido pagando un aumento por costo de vida que no es igual, como afirma el Ministerio, al que se ha reconocido a los demás empleados públicos, ya que para estos cada decreto ha establecido que el aumento es "a la base", lo que no se cumple en las pensiones.
Por otra parte, en la actualidad, según directrices de la Dirección Nacional de Pensiones, esa dependencia se prepara para actualizar nuestras pensiones cuando la automatización esté lista, momento que aún no se puede precisar, pues hasta ahora han fallado todos los procesos iniciados, fracasaron dos consultorías externas contratadas y pagadas a muy alto costo, y la actualización se hará, según esas directrices, desconociendo los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas de gran cantidad de jubilados.
Además, protestamos vehementemente por las actitudes de personeros del Ministerio que, sin la menor consideración, han asumido compromisos con nuestros delegados, en una serie de conversaciones realizadas en este proceso, para luego incumplirlos.
Nuestros representantes y los de la Federación Nacional de Pensionados (Fenalpe) han solicitado al Ministerio de Trabajo algunas soluciones de emergencia para aliviar la situación de nuestras pensiones, muy modestas en su mayoría, y que están castigadas con una deducción para el mismo régimen, del 9 por ciento, y del 5 por ciento del Seguro de Enfermedad, pero no se ha mostrado voluntad política para aplicar esas soluciones.
Otra injusticia que se aplica a las pensiones en general es el cobro del impuesto sobre la renta ya que estas no son rentas ni salarios.
(*) Vicepresidente Asociación de Pensionados de Hacienda y del Poder Legislativo