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Primero, por inducir al público a una simplista y distorsionada explicación de las causas del deterioro social del país y, segundo, por utilizar espacio que debería ser de rendición de cuentas para esbozar justificaciones, repartir culpas y evadir una responsabilidad que corresponde ineludiblemente al Poder Ejecutivo, al terminar una cadena televisiva, quedamos notificados de que, mientras no se apruebe el pacto fiscal en la Asamblea Legislativa, la situación de 270.000 familias pobres seguirá siendo la misma o, peor aún, más grave.
El problema de pobreza en Costa Rica no es nuevo ni exclusivo de esta administración. Desde hace unos 15 años, estamos estancados con un 20% de la población pobre y unas 50.000 familias sin siquiera lo básico para subsistir. Estudios recientes de CEPAL muestran que en Costa Rica la brecha entre pobres y ricos se ensancha cada vez más. Preocupa por ello que, en vez de reconocer y rectificar desaciertos en planificación, asignación y control de recursos para el sector social; enmendar el desmantelamiento institucional y evitar que haya recursos ociosos en las instituciones sociales, se busquen culpas en otras partes.
Injustificado engavetamiento. En la lucha contra la pobreza no hay justificación para engavetar recursos. Sin embargo, para citar solo unos ejemplos, en mayo de este año, la Contraloría informo de que, por falta de capacidad y descoordinación institucional, unos ¢17.500 millones, del presupuesto del 2004, no habían sido ejecutados por las instituciones sociales responsables de invertirlos en programas dirigidos a los más pobres. Mientras el sistema de salud se desmorona y la Caja aduce falta de dinero, el Instituto Costarricense contra el Cáncer acumuló -sin ejecutar- a julio de este año $37,5 millones: otros ¢18.000 millones. Y solo hace unos días, el Ministro de Hacienda informa de que, curiosamente ahora, a 2 meses de comenzar la campaña electoral, va a "socar tornillos" a varias instituciones que han "estado trabajando por la libre" y que de ahí recaudará unos ¢22.000 millones para vivienda y carreteras.
Mal hacen los encargados de imagen del Gobierno al incitar injustificada e innecesariamente a un conflicto entre poderes, que profundiza la desconfianza de los costarricenses en el sistema político. Se equivocan al reducir el problema y la solución de la pobreza a un pacto fiscal, cuyos recursos en su mayoría se destinarían a amortizar deuda y pagar intereses. Peor aún, al situar al Presidente en una posición defensiva, que aumenta el vacío de liderazgo que sufre el país y que en nada contribuye a solucionar la pobreza de 800.000 costarricenses.
