Pobreza y medios

Pero, para empezar ese ejercicio, es necesario establecer algunas premisas básicas. Primero, el índice de pobreza se ha venido midiendo con los mismos parámetros desde hace más de una década. Aquí no se habla de la validez del índice o de la justicia de su fundamentación, sino, simple y llanamente, de lo que se ha venido haciendo –y aceptando como correcto–, en los últimos 15 años. Segundo, reivindicar como positiva una reducción del índice, sobre todo si se considera que durante muchos años ha permanecido estancado alrededor del 20%, es perfectamente válido. Obviamente esta reducción no es suficiente y falta mucho por hacer, pero pareciera que la reacción de algunos sectores ante el anuncio oficial es desproporcionadamente negativa, casi como si fuera inmoral sentir alguna satisfacción. Una reducción en el índice de la pobreza es, desde cualquier óptica, un logro importante, en tanto no olvidemos que es apenas un paso en un largo proceso.

Consecuencia natural. Ahora bien, ¿descalifica el logro una metodología deficiente? La pregunta es válida y es necesario iniciar una discusión al respecto. Pero de la misma manera es válido preguntarse: ¿por qué se cuestiona hasta este momento este aspecto de la medición?, ¿por qué no se dudó de esos mismos parámetros en años anteriores cuando el índice se mantuvo igual, resultado a todas luces menos positivo que el que se anuncia? Posiblemente la respuesta tiene que ver con el mensajero, no con el mensaje. La premisa parece ser que es altamente sospechoso que un político anuncie una buena noticia. Si la noticia es mala, es natural. Pero si la noticia es buena, debe haber un truco, una trampa implícita. Esta línea de razonamiento no es consciente ni resulta de una conspiración de algunos medios. Es simplemente una consecuencia natural del ambiente antipolítico que ha venido imperando en el país en los últimos años, ambiente al que posiblemente han contribuido, además de los políticos corruptos, mediocres y oportunistas, algunos medios de comunicación.

Por otro lado la reacción del Gobierno es comprensible, pero está mal concebida. Como se ha venido haciendo costumbre en los últimos meses, y por lo que parece ser mala asesoría, el Presidente incurre muy fácilmente en el argumento ad hóminem, error frecuente de quienes no se toman su tiempo para analizar a profundidad una coyuntura particular, tratando por ejemplo de ponderar rigurosamente los diferentes escenarios que podría generar una respuesta de ese tipo. Y esto no es positivo para el país.

Atemperar el subjetivismo. En el centro de la polémica se encuentra el tema de la objetividad, la que, por supuesto, no es prerrogativa de ninguna profesión en particular, ni es natural en ciertas personas. En las Ciencias Sociales, desde la declinación del positivismo, se sostiene que la objetividad no es alcanzable, al menos no de manera espontánea. Mayor razón para que los comunicadores, y algunos analistas, formados conforme a este axioma, y con una responsabilidad social notable en una comunidad democrática, se esfuercen cotidianamente por atemperar el subjetivismo que es consustancial en toda persona. La responsabilidad que los medios tienen en el proceso de formación de la opinión pública, hace imprescindible este esfuerzo sistemático. El precio por no hacerlo es la pérdida de la credibilidad, consecuencia a todas luces inconveniente, no solo para los medios, sino también para la salud democrática del país.

La verdadera tragedia es que algunas de las objeciones que se han hecho a los fundamentos estadísticos utilizados para elaborar el índice son a todas luces legítimas. Pero, en el enrarecido ambiente actual, es verdaderamente difícil escuchar lo que la otra parte está diciendo, si de lo que se está pendiente es de quién lo dice. Ojalá que esto no siga siendo así.