Un sistema vial destrozado, emanaciones impunes y constantes de humo de los vehículos y, en especial, de los autobuses, pese a exhibir orondos el marchamo ecológico; incumplimiento deportivo de las normas de tránsito, complacencia de no pocos inspectores y millares de vehículos sin placas metálicas.
Al parecer, todo lo concerniente a las vías públicas y a lo que sobre ellas discurre sufre una larga crisis que solo Dios sabe cuándo tendrá fin. Ha de distinguirse, sin embargo, entre problemas que, por su magnitud, costo y prolongación, resultan difíciles de resolver en las circunstancias actuales; aquellos de fácil solución --si hubiera voluntad-- por provenir, básicamente, de falta de autoridad, y los generados en la maraña legal y el raro talento de algunos para beneficiarse en mar revuelto. Entre los primeros, figura la red vial del país, que requiere un plan de vastos y costosos alcances; entre los segundos, la tragicómica historia de las placas, y entre los terceros, el juego de las apelaciones en las licitaciones públicas.
En esta lenta agonía de la burocracia sobresale el tema de las placas por sus características nacionales y por ser posiblemente un caso único en el mundo. Lo cierto es que, desde hace unos 8 años, no ha habido un servicio suficiente o completo de placas. Estas se han venido entregando a poquitos, de acuerdo con el mejor estilo tico, por cuanto se han venido fabricando también a poquitos, entre los resquicios que dejan las licitaciones, mejor dicho, el humor y las singulares tácticas de los apelantes ante la Contraloría General de la República o de los accionantes, recurrentes, u ocurrentes, ante la Sala Constitucional, mediante un recurso de amparo o una acción de inconstitucionalidad.
Lo cierto es que Costa Rica ofrece el raro espectáculo de que buena parte de sus vehículos portan, para fortuna de los delincuentes, en vez de visibles placas metálicas, invisibles y, con frecuencia, sucios cartones adheridos al parabrisas, escaparate, además, de otras etiquetas. Pareciera que existe una competencia entre la vigencia de los huecos y de las placas provisionales. Anteayer, por cierto, el ministro de Justicia, Fabián Volio, informó que estas placas prolongarán su vida, por cuanto la licitación fue apelada ante la Contraloría General de la República y esta no podrá pronunciarse ya que, para cerrar el círculo, se impugnó ante la Sala Cuarta el artículo 54, inciso 5) del Reglamento de Contratación Administrativa. La construcción de carreteras ha exhibido también, por muchos años, el mismo espectáculo.
Sin embargo, no se detiene aquí la comedia de la burocracia, la maraña legal y la sagacidad de muchos. En el Registro Público reposan 20.000 placas metálicas desde hace tiempo, pues sus dueños no han pasado a retirarlas. Y ¿por qué se van a apresurar en retirarlas, si nada les pasa por andar sin placas metálicas y si, además, están formados en la cultura de las amenazas oficiales sin cumplimiento y de las prórrogas in extremis? ¿No discurren por nuestras calles millares de vehículos exhalando humo a diestro y siniestro y no hay sanción? ¿No se ha convertido en rito y hábito "pasar en rojo" bajo los semáforos? En suma, falta de autoridad, hábil manipulación de los derechos legales e indiferencia de los usuarios. Placas, humo, vías, normas de tránsito...