Del artículo “País se expone a figurar en la lista roja de propiedad intelectual” (Economía , 13/2/07), con pena veo que los argumentos de la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA) no solo son ciertos, sino también, con mayor pesadumbre aún, se evidencia desconocimiento por parte de las autoridades.
Como bien dice el ministro del Comercio Exterior, Costa Rica podría perder las preferencias del ICC si la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) acoge la recomendación de la IIPA (incluir al país en la lista de observación prioritaria), aunque también aclara que expondrán las medidas tomadas para proteger los derechos de propiedad intelectual. Cuidado. ¿Tenemos evidencia que compruebe que gracias a esas medidas la piratería haya bajado o esté controlada? ¿Están las estadísticas de nuestro lado (cantidad de casos presentados y resueltos)? ¿Los casos satisfactoriamente resueltos, son representativos? Las pocas demandas no son un buen síntoma pues muchos titulares de derechos se abstienen de presentarlas al no encontrar eco, y eso se lee entre líneas en el reporte de la IIPA.
Escasos resultados. Necesitamos demostrar resultados, y, lamentablemente, desde que se reformó la Ley, estos han sido escasos, por no decir nulos. No basta el contar con leyes, hay que demostrar que funcionan.
Por otro lado, la Segunda Vicepresidenta dice que “la persecución debería concentrarse en países donde se producen los artículos alterados”, con lo que demuestra gran desconocimiento de cómo opera esta mafia. Es iluso pensar que los productos piratas, en mayor o menor medida, sean importados desde el extranjero. El avance de la tecnología y sus bajos costos hacen posible que cualquiera realice copias a gran escala para comercializarlas. No nos engañemos, la mayoría de productos piratas en el mercado son hechos localmente.
Más aún, mientras la mayoría de países del mundo luchan poniéndole trabas comerciales a la importación de discos en blanco, nosotros los liberamos de aranceles al amparo del tratado del Acuerdo de la Tecnología de Información (ITA); hay muchos países firmantes del ITA que tienen barreras arancelarias para estos productos, pues su interés nacional prima sobre un tratado de comercio internacional. O sea, les damos a muchos piratas su materia prima en “bandeja de plata”.
Campaña y estrategias. Igualmente, anuncia que se iniciará una campaña educativa contra la piratería, lo que es plausible y meritorio, pero no suficiente. Hay que tomar medidas en diversos flancos y desde varias perspectivas. Sigamos el ejemplo de otros países, mediante la creación de un comité interinstitucional conformado por Hacienda, Aduanas, Cultura, Economía, OIJ y Seguridad Pública, y con representantes de sectores afectados, para realizar operativos periódicos antipiratería. Este comité debería seguir, entre otras, las siguientes estrategias:
kProponer al legislativo reformular la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos , modificando artículos que desalientan el ingreso de titulares de derechos al país, y el incremento de las penas por delitos de piratería.
kFomentar la creación de una fiscalía especializada en delitos contra los derechos intelectuales.
kExponer planes a representantes de comercio y economía de algunas instituciones internacionales (IFPI, APDIF, OMPI, etc.) y las embajadas de EE. UU. y de la Unión Europea.
kRealizar una labor formativa para las fuerzas policiales, fiscales y jueces encargados de llevar los casos de piratería, y otorgarles constante capacitación.
kHacer campañas de concientización conjuntas con los sectores involucrados, dirigidas a la opinión pública.
Costa Rica, nación de altos valores morales y de principios jurídicos sólidos, está a tiempo de corregir el rumbo, a diferencia de otros países que ya abandonaron esta lucha. Solo con acciones ordenadas y coordinadas, pero sobre todo con voluntad política, se podrá poner freno a un negocio ilegal que está poniendo en riesgo la economía de todo un país.