EscucharNo se limita al dolor físico, sino que busca destruir al ser humano en su integridad. Su prohibición tiene un carácter absoluto e inderogable: en ninguna circunstancia, sea en tiempo de paz o de guerra, se puede justificar o permitir el recurso a la tortura. Por ello, los estados que se precian de defender valores democráticos no pueden permitir que se toleren tales abusos o que se insinúe excepción alguna al principio de prohibición de la tortura, que constituye uno de los pilares del derecho internacional de los derechos humanos.
Terrorismo y derechos humanos. Lamentablemente, desde el 11 de septiembre, la prioridad dada a la lucha contra el terrorismo trata precisamente de librarse de algunas obligaciones esenciales de esta rama del Derecho Internacional: por ejemplo, es para intentar sustraerse al derecho humanitario por lo que se recurre a la noción de “combatientes ilegales” ideada por el Pentágono para calificar a las personas capturadas en Afganistán a partir de enero del 2002; es para realizar interrogatorios “intensivos” a estas personas, sin la posible intervención de un juez, o de un abogado, por lo que se crea una verdadera zona de “no derecho” en la base militar norteamericana de Guantánamo. Paralelamente, en otros países, la lucha contra el terrorismo está propiciando la adopción de legislaciones nacionales que cercenan la libertad de las personas, derogan algunas de las más elementales garantías procesales y exponen peligrosamente a las personas detenidas a toda clase de abusos por parte de las autoridades.
Para algunos gobernantes, incluso, la lucha contra el terrorismo está sirviendo de pretexto fácil para vender a su opinión la necesidad de revisar a la baja el régimen de libertades públicas y proceder, en caso de gobiernos autoritarios, a una política aún más represiva. “En el clima actual, quienes cuestionan la legitimidad de algunas pretendidas medidas antiterroristas tomadas después del 11 de septiembre, o simplemente quienes no encajan socialmente –trátese de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, miembros de minorías religiosas o de otra índole, o sencillamente personas que viven al margen de la sociedad– pueden verse acusados de terroristas”, ya advertía en su informe del 2002, Jila Hilani, relatora especial de las Naciones Unidas sobre Defensores de los Derechos Humanos.
La reciente revelación de la prensa en torno a un informe oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que intenta esquivar el principio de prohibición de la tortura, aunada a los actos de tortura perpetrados en Iraq por militares norteamericanos, y a las profundas dudas en cuanto al trato reservado a los detenidos en Guantánamo, ilustran los graves desafueros de la actual administración norteamericana. Pero lo más aterrador es que el escándalo de la cárcel de Abú Ghraib constituye tan solo una muestra que llega al conocimiento de la opinión pública. Como bien lo señalaba en una entrevista el experto danés Ole Vedel Rasmussen, “no porque usted no oye hablar de la humillación sexual, esta no existe. Esta forma de tortura es practicada en casi todas las cárceles del mundo y no tiene nada de nuevo, ni de original, ni es muy sofisticada y es muy a menudo cometida por soldados” (Le Monde, 10 de mayo del 2004).
Tolerancia cero. Aun cuando la prohibición de la tortura es objeto de disposiciones legales, tanto nacionales como internacionales, tales abusos siguen cometiéndose cada vez que, en un determinado contexto, una persona es privada de su libertad y queda expuesta al libre arbitrio de sus custodios. Ante esta persistente realidad, no se puede sino reafirmar el principio de prohibición absoluta de la tortura y condenar estos abusos. Como es sabido, es durante el período inmediatamente posterior a la detención cuando existe el mayor riesgo de intimidación y de sufrir malos tratos, razón por la cual la máxima vigilancia se impone en torno a la actuación de los miembros de las fuerzas de seguridad: por ejemplo, la de los policías, que tienden a privilegiar la obtención de resultados rápidos en sus investigaciones e interrogatorios; la de los investigadores que, en vez de interrogar a una persona para esclarecer los hechos, pretenden muchas veces obtener la confesión de quién, a su juicio, es el presunto culpable. Pero también merece atención la actitud de algunos jueces, no siempre muy atentos en cuanto al estado en el que se encuentra la persona detenida en el momento de comparecer; o bien la de los fiscales, que no se aseguran que las pruebas reunidas en el curso de la investigación fueron obtenidas sin vulnerar los derechos del presunto autor.
Es también responsabilidad de la sociedad alertar sobre una adecuada división de tareas entre las autoridades: así por ejemplo, en Europa, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) se ha mostrado sumamente preocupado por el hecho que cada departamento operacional (narcóticos, delincuencia organizada, terrorismo, etc.) cuente con sus propios calabozos, cuando lo recomendable es que un centro de detención centralice las funciones de custodia con personas debidamente adiestradas para ello. De la misma manera, hay que exigir al Estado una política penitenciaria clara, que, además, tome en cuenta la falta de infraestructuras adecuadas para atender a la población reclusa, en general en situación extrema de hacinamiento, la profunda desmotivación del personal carcelario y, muchas veces, su falta de capacitación, elementos que, a menudo, inciden en la reaparición de la tortura.
Costa Rica y la prevención de la tortura. Aunque la mayoría de los Estados cuenten con las garantías legales y con mecanismos de control interno, hacía falta un mecanismo eficiente que permitiera prevenir la tortura en los lugares de detención. Basándose en las visitas realizadas a prisioneros de guerra y a presos políticos por los delegados del CICR en situaciones de conflicto, un ciudadano suizo, Jean Jacques Gautier, defendió, en los años 70, la idea de crear a nivel mundial un mecanismo internacional de visitas a lugares de detención y logró paulatinamente convencer a muchos de que ello constituiría el mejor medio para prevenir la tortura.
Esta idea quedaría finalmente plasmada en el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, aprobado tan solo el 18 de diciembre del 2002 (con 127 votos a favor, 42 abstenciones y 4 votos en contra: Estados Unidos, islas Marshall, Nigeria y Palau), y cuyo gestor y hábil negociador durante el prolongado proceso de gestación en las Naciones Unidas fue Costa Rica: después de una primera propuesta en 1980, Costa Rica sometió una segunda versión de Protocolo Facultativo a las Naciones Unidas en 1991 y presidió, sin interrupción, durante los 10 años de delicada negociación (1992-2002) el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) a cargo de su elaboración, en Ginebra. Los intensos esfuerzos diplomáticos de Costa Rica garantizaron finalmente su adopción por las distintas instancias de las Naciones Unidas (CDH, ECOSOC y finalmente la Asamblea General), pese a los fallidos intentos de un grupo de países, incluyendo a algunos de los más influyentes estados miembros, opuestos a la idea de permitir la inspección periódica por parte de un órgano independiente a lugares de detención.
Es de esperar que, en consonancia con su exitosa gestión, Costa Rica, que fue uno de los primeros estados en firmar este texto en febrero del 2003, apoye decididamente el proceso iniciado, ratificando (ojalá muy pronto) este novedoso instrumento que crea un mecanismo de visitas a lugares de detención. Ello, en aras de prevenir los abusos y proteger a las personas privadas de libertad de todo el mundo contra este aterrador flagelo para la humanidad, que constituye la tortura y los malos tratos, y del que ninguna sociedad puede sentirse totalmente inmune.
