El filósofo Michel Foucault fundó el concepto biopoder circunscribiéndolo a su particular doctrina sobre la sexualidad humana. No me detendré en el peculiar concepto de biopolítica ni en las posteriores ideas que, al respecto, otros pensadores han manifestado desde otras perspectivas filosóficas. Me referiré al concepto de biopoder que amenaza al constitucionalismo democrático en Latinoamérica.
El biopoder, o la biopolítica, se entiende como el control que el poder político y la sociedad de mercado ejercen sobre el proceso de nacimiento, reproducción, condiciones genéticas y muerte del ser humano. En otras palabras, la finalidad estratégica de la biopolítica es la gestión total de la vida humana. En su portentoso tratado de bioética, el erudito Elio Sgreccia nos recuerda que el biopoder tiene esencialmente dos grandes vertientes. La primera de ellas, lúcida, centrada irrestrictamente en la dignidad humana. La segunda se trata de una vertiente tenebrosa, pues es utilitarista y sus premisas básicas son, por una parte, el simple cálculo de las consecuencias de la acción con base en la relación costo-beneficio y, por otra, aquella que pretende deslindar el hecho natural de toda consideración moral.
En ese usual arrebato “progresista” del estado de California, se definió la esterilización como una medida profiláctica que defendía la salud pública y mitigaba la amenaza de los “inadaptados” y los “débiles mentales”. Así, en 1927, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos declaró constitucional el estatuto sobre esterilización de Virginia en el caso Buck vs. Bell, con lo cual se aceptó la esterilización en nombre de la “salud colectiva” de la ciudadanía. De esta forma, se inició una campaña de esterilización cuyo pico fue entre 1927 y 1963, periodo en el cual se esterilizó a cerca de 70.000 personas con propósitos eugenésicos.
En esta misma línea, destaca la pérfida Margaret Sanger, quien, sobre la base de que debía favorecerse la vida entre los “mejor dotados” e impedir la natalidad de aquellos con “peor patrimonio genético”, abrió en 1916 su primera clínica para el control de la natalidad, abrazando el lema: “Los seres ineptos deben abstenerse de procrear”. Dentro de ese concepto eugenésico racista, en los años de la década de 1930, centró sus actividades y campañas en barrios pobres de minorías negras y latinas para mantener a raya el control natal allí. Su empresa de “limpieza genética” fue adquiriendo éxito, hasta convertirse en la tristemente célebre organización Planned Parenthood.
Control mercantil. El segundo tipo de control que ejerce el biopoder es el control mercantil sobre la vida. Esto incluye múltiples prácticas genéticas y reproductivas comercialmente rentables. Aquí dos ejemplos. El primer gran escándalo se da en Estados Unidos en 1993, cuando una empresa solicitó patentar un carácter genético útil proveniente de una mujer guaimí de Panamá, sin siquiera solicitarle a ella la autorización. O bien la práctica de autorizar la compra de óvulos y encargar el trabajo de gestación a una tercera mujer, mediante espurios contratos de maternidad sustituta.
En estos casos, a las mujeres se les paga por someterse a la implantación de un óvulo fecundado o bien por donar óvulos que serán fertilizados con el semen del contratante. Por su parte, los hombres se limitan a vender su semen. De esta forma, se evade todo el sentido ético que conlleva ser progenitor de una criatura. Esto es lo que ocurre en Europa con el alquiler de úteros. La madre sustituta se convierte en bien comercial y la vida del menor, en un simple objeto de comercio. Un brutal atentado contra el derecho del menor a su propia identidad y a disfrutar un hogar y una familia.
Control sobre la longevidad. El tercer tipo de control que ejerce el biopoder es sobre la longevidad humana. Esta tendencia a controlar la longevidad de las personas e incluso acelerar el proceso de muerte tiene esencialmente su raíz en la confluencia de dos factores: por una parte, los bajísimos índices de natalidad en los países ricos de Europa, lo que ha generado una dramática disminución de población joven que otrora enriquecía la actividad productiva al incorporarse masivamente a ella, y, por otra, el envejecimiento de la población.
Ambos fenómenos han generado un colapso de lo que se llamaba el welfare state o estado promotor de bienestar social, y también la caída de la autosostenibilidad de los sistemas de seguridad social, jubilatorios y de prestaciones complementarias.
En respuesta a esta realidad, la lógica utilitarista posmoderna resolvió el asunto con estrategias como la eutanasia, iniciada en Holanda en el 2002, país donde se autorizó la muerte de ancianos antes de que se produjera de forma natural. Curiosamente, la eutanasia se aprueba a pesar de que con los avances de la medicina paliativa es posible controlar y mitigar los dolores que produce el estertor de la muerte. No por casualidad especialistas en medicina terminal, como la experimentada doctora Lisbeth Quesada, le hacen serios cuestionamientos a tal práctica.
En esencia, la filosofía de la eutanasia radica en un concepto contrario a la tradición del constitucionalismo occidental, pues, según la tradición histórica del constitucionalismo defensor del derecho a la vida, esta tiene un valor intrínseco fuera del ámbito de control estatal y también fuera del capricho humano, o sea, que es independiente de la esfera de la potestad del hombre y del Estado.
En sentido contrario, la biopolítica utilitaria y contraconstitucional considera que la vida está supeditada al ámbito de decisión de los hombres. La raíz esencial de la ideología de la eutanasia es que la vida es propiedad del ser humano o del Estado y a la inversa, la filosofía contra la eutanasia es que no, y aún menos del Estado.
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El autor es abogado constitucionalista.
