El ministro de la Presidencia, Ricardo Toledo, presumiblemente con la venia del presidente Pacheco, le solicitó ayer a la procuradora general de la República, Lorena Brenes, y al procurador general adjunto, Farid Beirute, que desistieran de la acción de inconstitucionalidad formulada ante la Sala Constitucional para impedir que el Tribunal Superior de Trabajo siguiera aprobando pensiones preferenciales, por el monto y por el tiempo de trabajo a un grupo de educadores. Las resoluciones de este tribunal significaban, además de la discriminación creada, una erosión aún mayor de las finanzas públicas.
El presidente Pacheco y el ministro de Hacienda, a la sazón, Alberto Dent, se habían opuesto, con fundadas razones legales y financieras, a este fuero especial, lo que motivó la gestión de la Procuraduría. Si la iniciativa del desistimiento, del que informamos hoy, hubiera partido del presidente Pacheco, este se habría convertido, de nuevo, en mediador, esta vez entre los dirigentes sindicales de los educadores y la Procuraduría, y echaría marcha atrás con el respaldo de su fiel escudero, el ministro de la Presidencia, una pareja que, a juzgar por una serie de hechos, que en las últimas semanas se han exacerbado, nos está llevando por derroteros peligrosos. Ni el presidente Pacheco ni el ministro Toledo ni, menos, los dirigentes gremiales, los beneficiarios de su debilidad y desconocimiento de la cosa pública, son conscientes de la situación nacional que, de empeorar, perjudicará a todos, aun a los que ahora se consideran vencedores, pero más, sin duda alguna, a los grupos sociales más desfavorecidos. Los errores, contradicciones e irrespeto al ordenamiento jurídico se han sucedido en cascada, sin que se vislumbre aún la posibilidad de una rectificación firme y lúcida. Ojalá que el despertar, si fuese posible, no sea tardío.
El juramento constitucional no es un mero formalismo. Significa el compromiso firme de regirse por leyes y por el interés público, y no, como está ocurriendo, por las manifestaciones callejeras o el temor a un grupo de dirigentes sindicales. En este sentido, el presidente de la República está faltando a su deber y está creando un peligroso ambiente de inestabilidad. Este manifiesto descontrol, solo aplaudido por unos dirigentes gremiales y unos diputados y dirigentes políticos expertos en oportunismo y en populismo, agrava los problemas actuales y entorpece más aún las posibilidades de que cristalicen las reformas que urgentemente necesita nuestro país. Ya hemos perdido un tiempo precioso, y la factura del desorden, de la falta de autoridad y de la trivialidad se paga a un precio muy elevado en el orden económico, social, político y moral.
¿Hasta cuándo, señor presidente de la República? El ejercicio del gobierno representa mucho más que un honor. Es una pesada carga, no impuesta, sino buscada conscientemente y conquistada merced a los votos de los electores. Es un acto de servicio y de entrega. Su contraparte, ratificada en un juramento, es el cumplimiento fiel de las normas legales y la salvaguardia del bien común, no la sujeción a los grupos de presión. El presidente Pacheco y su ministro de la Presidencia han dado pruebas inequívocas de desorientación y liviandad. Ya es hora de que recapaciten. Nuestro país vale mucho y no merece tanto irrespeto.