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Costa Rica vive una demanda legítima y urgente de seguridad. Las familias quieren caminar tranquilas; los comercios, trabajar sin temor, y las comunidades, recuperar los espacios que la criminalidad les disputa.
Esa exigencia es justa y compromete al Estado en su conjunto, porque la seguridad no se agota en la presencia policial ni termina con una captura. Para producir resultados, necesita investigación, acusación, defensa, juicio y resolución; necesita una cadena institucional capaz de transformar la acción contra el delito en justicia efectiva. En esa cadena, el Poder Judicial forma parte del núcleo de la respuesta pública.
La administración de justicia ocupa un lugar primario en la arquitectura estatal. Antes que carreteras, programas o instituciones, el Estado surgió para asegurar que las personas vivieran bajo reglas comunes, protegidas de la violencia y con un tercero imparcial capaz de resolver sus conflictos. Esa fue su tarea fundacional; las demás vinieron después. Cuando esa capacidad se debilita, no se afecta únicamente un poder público, sino la promesa básica de vivir en comunidad bajo reglas que se cumplen.
Esa promesa también sostiene la vida económica. El Estado moderno debe recaudar para financiarse y, al mismo tiempo, garantizar un marco donde los contratos se cumplan, la propiedad se respete y el delito encuentre respuesta. Sin recursos, el Estado no puede operar; sin justicia, la economía que produce esos recursos se deteriora. Por eso, presentar ambas capacidades como rivales conduce a una falsa economía. Un Estado que recauda mejor, pero pierde fuerza para hacer cumplir la ley, no gana salud fiscal; pierde consistencia como unidad.
De esa premisa se desprende una frontera que el debate presupuestario no debería cruzar. Un país puede discutir casi todas sus prioridades de gasto, pero la persecución del delito y la potestad de juzgar pertenecen al núcleo de lo público. Financiar la justicia es sostener la garantía que permite vivir bajo reglas comunes y asegurar que el esfuerzo estatal contra la criminalidad no se interrumpa a mitad del camino. Un operativo policial puede ser exitoso, pero sin capacidad suficiente para investigar, acusar y juzgar, la respuesta queda incompleta.
En el marco del esfuerzo fiscal que vive el país, la Corte Plena resolvió un ajuste superior a ¢13.000 millones en el presupuesto de 2026. La decisión responde a un principio claro: la disciplina fiscal también compromete al Poder Judicial. Pero ese aporte se hace en condiciones estrechas. En los últimos años hemos mantenido una ejecución superior al 95% y formulado presupuestos bajo criterios de contención. Colaborar en estas circunstancias no cuesta solo en el discurso; cuesta en las capacidades reales de la institución.
De este ajuste, una parte significativa corresponde a recursos que la Asamblea Legislativa había aprobado para crear plazas de investigación criminal en el OIJ y el Ministerio Público, así como para ampliar presencia en zonas donde el Estado hace falta. Eran recursos destinados a investigar, perseguir y acusar; no gasto suntuario, sino capacidad concreta frente al crimen en el territorio. Esta precisión es importante porque permite distinguir entre el ajuste visto desde una hoja contable y sus efectos materiales sobre los servicios que la ciudadanía reclama.
Por esa razón, el ajuste al presupuesto 2026 acordado por la Corte Plena debía tener un límite, y se rechazó aplicar una reducción similar al anteproyecto de presupuesto 2027. Existe un punto a partir del cual recortar deja de ser ahorro y se convierte en traslado de costos hacia las víctimas, los usuarios y las comunidades. Aceptarlo habría comprometido capacidades vinculadas con la lucha contra el crimen organizado, el acceso a la justicia y la atención de las víctimas, cuando el país más las necesita.
Conviene recordar que la definición del presupuesto del Poder Judicial no es un asunto meramente contable. La propia Constitución Política rodea de garantías la organización y el funcionamiento de la administración de justicia, precisamente para que las decisiones sobre sus recursos preserven independencia. Atender esas reglas es la forma en que una democracia evita que la justicia dependa del clima político de cada momento.
La sostenibilidad fiscal y la seguridad ciudadana deben reconciliarse dentro de una misma idea de Estado. El Poder Judicial seguirá rindiendo cuentas, mejorando su gestión, reduciendo el rezago y abriendo sus datos; también seguirá dialogando y coordinando con los demás poderes, porque los problemas nacionales requieren colaboración sostenida dirigida a fortalecer las capacidades que protegen a las personas.
Un Estado se mide por la forma en que cuida sus funciones esenciales, y la justicia es una de ellas. Su valor reside en garantizar que cualquier persona encuentre en los tribunales una respuesta ajena a la presión del momento. Esa garantía pertenece a cada costarricense. Cuidarla, financiarla y fortalecerla es una tarea común, porque de ella depende que podamos vivir con más seguridad, más justicia y la certeza de que las reglas se cumplen para todos.
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Orlando Aguirre Gómez es el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
