Opinión

Nuestros derechos en el San Juan

Debemos estar preparados para un proceso largo y difícil, pero necesario

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Nuestro Gobierno ha tomado una decisión justa, necesaria y oportuna, al elevar ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, Holanda, el diferendo con Nicaragua sobre la libre navegación por el río San Juan. Es justa porque, de acuerdo con el tratado de límites Cañas Jerez, suscrito entre ambos países en 1858, y el llamado laudo (o decisión arbitral) Cleveland, de 1888, a los costarricenses nos asiste el derecho al libre tránsito por esa vía, cuyas aguas, sin embargo, pertenecen al vecino país. Es necesaria porque ese derecho ha sido sistemáticamente vulnerado, desde 1998, por las autoridades nicaragüenses, cuando el Gobierno de Arnoldo Alemán impidió el paso de policías ticos armados (como custodios de embarcaciones de avituallamiento) y decidió cobrar al resto de los usuarios procedentes de territorio nacional. Y es oportuna porque, hace cuatro días, culminó, sin éxito, un período de gracia, acordado por los presidentes Abel Pacheco y Enrique Bolaños, para intentar un arreglo bilateral al diferendo.








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