Ni temor ni evasión

Las distritales se llevaron a cabo conforme a los estatutos del PLN y a las normas electorales vigentes. Sus resultados, que aún no se conocen, determinarán los 7.000 delegados que, a partir de los distritos, irán conformando las asambleas cantonales y provinciales para rematar con la integración de la asamblea nacional, todo con miras a las elecciones generales de febrero del año 2002. Se trata de un acto institucional y democrático importante, aunque sin repercusión directa aún en la política nacional, y que, por la participación en él de los tres precandidatos presidenciales de este partido, contribuirá a valorar la relación de fuerzas políticas con miras a la selección del candidato presidencial para las próximas elecciones.

La consulta popular llevada a cabo por el expresidente Arias, que logró aportarle mayor movilidad y entusiasmo a este proceso, si bien no gozó de la bendición del PLN y sus resultados ni son técnicamente representativos ni obligan legalmente a nadie, representan, sin embargo, una expresión democrática que no se puede desestimar. Tampoco en este caso se conocen aún las cifras definitivas. Con todo, una voluntad de cerca del 80 por ciento a favor de la reelección, expresión de más de 100.000 ciudadanos, no puede tomarse con indiferencia; tampoco que varias encuestas científicamente realizadas, y que sí son representativas, muestran apoyo mayoritario a la reelección. La estrategia de la evasión o de la procrastinación sobre una cuestión importante para la democracia costarricense no les conviene al PLN, ni a la Asamblea Legislativa, ni al país.

La democracia no es solo expresión de activismo electoral. Llega un momento en que se debe hacerles frente, en cuanto a la gobernabilidad y al desarrollo del país, a los proyectos de ley y, en otros aspectos relevantes, a las realidades sociales cambiantes y a las decisiones o legítimos anhelos de los ciudadanos, máxime cuando estos se han expresado libre y racionalmente, y versan sobre cuestiones importantes. En el tema de la reelección subyace el derecho político a elegir y a ser elegido por lo que la Asamblea Legislativa no puede soslayar su decisión sobre el mantenimiento de la prohibición o sobre la reforma constitucional correspondiente. Mucho menos deben temer debatirlo los diputados con vistas a los intereses políticos en juego en el interior de los partidos políticos. El debate, además, una de las dimensiones básicas del parlamento, puede conducir a su aprobación o su rechazo.

Las grandes cuestiones de la nación no pueden quedar a la deriva o estar sujetas a la mera conveniencia o a los cálculos pasajeros de la política, máxime cuando se trata de cuestiones constitucionales o de derechos humanos. Conviene a la democracia y a nuestra institucionalidad que este sensible asunto se ventile en la Asamblea Legislativa de manera directa y transparente, sea para acoger una reforma, o para rechazarla como Dios manda y mantener la prohibición. Pero lo inconveniente es marginar el tema del parlamento y dejar que sean otras instancias las que deban pronunciarse al respecto.