La negociación política -para conformar mayorías y propiciar la gobernabilidad- es normal y corriente en cualquier democracia, pero en el país se critica y condena como siniestra y nefasta. Las palabras pacto, acuerdo y negociación son, para algunos comunicadores, analistas y políticos, sinónimos de componenda y corrupción.
Lo paradójico es que algunos políticos y partidos, que practican con frecuencia la negociación, la denuncian y critican cuando son otros los actores, cuando se da sin ellos, aunque hagan las propias a escondidas. Así actúan algunos grupos parlamentarios que han recurrido a los pactos y acuerdos para garantizarse puestos en el directorio legislativo, para aprobar leyes que les interesan o para reducir el gasto en galletas. Cuando ellos negocian, es por el bien del país, y sus acciones son la nueva forma de hacer política porque todo es transparente; pero, cuando lo hacen otros, es inmoral, obedece a los intereses que defienden la vieja política y todo se hace por debajo de la mesa.
Esa doble moral tiene efecto negativo en la valoración de la gente sobre la política y los políticos porque ellos se encargan de presentarla como algo indigno y corrupto y la gente percibe en estas actitudes falsedad e hipocresía.
Causa de desprestigio. La vitrina por excelencia de esta realidad es la Asamblea Legislativa y a ello se debe en gran parte su desprestigio que, si bien no es asunto nuevo, en este período ha alcanzado niveles alarmantes. Las críticas al trabajo de los diputados son duras y constantes y la opinión sobre su desempeño es cada día más negativa.
Pareciera que su integración multipartidista -producto de la voluntad popular-, que en un principio se creyó sería de gran beneficio para la democracia, ha sido factor de ingobernabilidad y ha generado la parálisis del parlamento. Las divisiones internas de la mayoría de los partidos agregó mayor dificultad al atomizar aún más las fuerzas políticas ahí representadas.
La productividad del Congreso en los últimos años, tanto en cantidad como en calidad de las leyes promulgadas, ha sido escasa. Las tácticas dilatorias y el obstruccionismo de los minoritarios han evitado muchas veces que la mayoría parlamentaria pueda aprobar legislación trascendente y urgente para el país. El respeto mutuo entre minorías y mayorías es fundamental para el ejercicio pleno de la democracia.
Daño a reputación. Nunca se han cumplido los plazos establecidos en el nombramiento de altas autoridades, que se ha realizado con conflictos, cuestionamientos y acusaciones, que afectan la reputación de los aspirantes y, peor aún, del elegido. Los escándalos por esos nombramientos deterioran la imagen y debilitan el ejercicio de las funciones de quien resulta electo.
La reciente elección del titular de la Contraloría General de la República es ejemplo de este desalentador escenario político, en el que una minoría hace escándalo y berrinche porque una mayoría se puso de acuerdo para elegir a determinada persona, como corresponde en un sistema democrático. Unos pocos vociferan contra quienes lograron una negociación exitosa, simplemente porque las propias no lograron la mayoría necesaria.
Estos pleitos legislativos son un triste espectáculo que los ticos censuran; quienes los promueven se equivocan al creer que así benefician sus proyectos políticos.