Uno de los aspectos más folclóricos de la política latinoamericana ha sido la acentuación de los rasgos de la herencia hispánica relacionados con la necrofilia y la atracción por el caudillismo. Mediante la primera, el apego a los seres que han partido llega al extremo de querer verlos ganar batallas después de la muerte, en la segunda se manifiesta la sumisión incondicional a la conducción carismática de líderes que alcanzan en ocasiones dimensiones que sus seguidores llevan a las cercanías de lo mítico.
La expresión de esta tendencia quizás nos ayude a comprender cómo en Costa Rica, a pesar del grado de desarrollo cultural que creemos tener y la enorme tradición democrática de que nos jactamos, ha sido posible que de repente se genere la crisis más importante de la cual se tenga memoria.
Precisamente, el actual gobierno y el anterior son resultado claro de ese fervor del costarricense por sus líderes fallecidos, plasmado en las ansias de continuidad a través de la elección de los hijos de los dos estadistas más importantes que ha tenido el país en este siglo. No en vano, la formalización del pacto entre las dos fuerzas en torno a las cuales ha girado la vida política costarricense durante los últimos cincuenta años, se inspiraba en la particularidad de estar suscrito por los hijos de los caudillos. El pacto Figueres-Calderón no es más que ejemplo vivo de esta característica de nuestra praxis política.
En un país como Costa Rica gobernar significa administrar crisis. Sería muy aventurado pretender que dentro del contexto de limitaciones estructurales que caracteriza nuestro país, se pudiera plantear, a corto o a mediano plazo, alcanzar la estabilidad global. Algo así solo lo puede prometer un político, y lo harán con todo desparpajo en pocos meses. Administrar las crisis en una forma racional y eficiente, es lo que entonces se le puede pedir a un gobierno medianamente sensato, de modo que en la línea ininterrumpida de sucesión de gobernantes, cada quien continúe la tarea, dentro de condiciones aceptables de estabilidad. Hacia la institucionalización de esta práctica estábamos orientándonos hasta que la necrofilia y el apego al caudillismo, se materializa en dos gobiernos continuos, que nos han conducido a la crítica situación actual.
Si repasamos los objetivos del pacto Figueres-Calderón, podemos apreciar que los únicos resultados concretos fueron elevar los impuestos y concluir el ciclo de liberalización de la actividad bancaria, en la cual se encontraban involucrados, con sus intereses personales, los dos partidos tradicionales. Aparte de esto, absolutamente nulo ha sido el resultado de la proclamada modernización del Estado. De las instituciones que se mencionó el posible cierre, hoy en día todas continúan funcionando y no se tocó ninguna de las causas estructurales del crecimiento descontrolado de la deuda interna.
Los resultados institucionales de ese pacto han sido entonces mínimos, pero la lección política ha sido de gran relieve: identificar la total similitud de agendas y metodologías de los dos partidos oficiales. A partir de ese momento, se puede hablar, más que de dos partidos, de las oficialidades, como expresión de un solo interés y una sola concepción de los asuntos públicos.
En los últimos años, la opinión pública ha podido también apreciar en toda su dimensión esa unidad de objetivos y métodos. El asalto indiscriminado contra los recursos públicos ya no es patrimonio de un solo partido político. Como dijo recientemente el propio candidato de una de las oficialidades (La Nación 6/10/96), con el caso del Banco Anglo, quedó en evidencia que ninguno de los dos partidos tradicionales puede alzar la bandera de la entrega y el servicio ciudadano sin que se le pueda dejar de endilgar alguna irregularidad en el manejo de los fondos públicos.
En los dos últimos gobiernos, los de los caudillitos, se dejó de administrar la crisis con la mira puesta en el bienestar general a mediano y largo plazo y se optó por el resultado inmediato, al tiempo que también algunos, se servían con la cuchara grande de los dineros de todos los costarricenses.
Otra lección que debe quedar clara es que el modelo bipartidista vigente se agotó y no tiene nada positivo que ofrecerle a los costarricenses. Por el camino que nos están conduciendo, continuaremos perdiendo lo que queda de conquistas destacables.
El deterioro de la infraestructura pública, la ausencia total de seguridad ciudadana, la disminución en la calidad de los servicios de salud, el acentuado desmejoramiento en la educación pública han adquirido dimensiones fuera de toda proporción ante las cuales las oficialidades no ofrecen una respuesta viable. Hace, ya mucho tiempo perdieron toda credibilidad ante la mayoría de los ciudadanos.