¿Hay razones suficientes para celebrar un aniversario más de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)? Esta pregunta dista de ser retórica. Por el contrario, su respuesta requiere de una reflexión sobre la pertinencia de la ONU en un mundo posguerra fría, cada vez más complejo y en el que la organización debe enfrentar temas muy diferentes a los de 1945, año de su fundación.
A los habitantes del planeta nos toca hoy contender con retos inéditos como el calentamiento global, la expansión de la pandemia del VIH-sida y la proliferación de enormes desigualdades económicas en el mundo, cuyas consecuencias apenas podemos conjeturar. Estos desafíos pasan por encima de cualquier frontera política o cultural y requieren una acción internacional concertada, que hoy, sin embargo, se muestra más amenazada que nunca. Porque lo cierto es que a aquellos retos hoy se suma otro de crucial importancia: la tendencia a retornar a un mundo anárquico, en el que la violencia y la fuerza reemplazan al diálogo, a la negociación y a las normas internacionales como forma de resolver los conflictos entre países y dentro de ellos. Es aquí donde el aniversario de Naciones Unidas nos habla a todos. Cualesquiera sus carencias, inherentes a toda gran obra humana, es vital preservar a la ONU y a las instituciones internacionales como una barrera frente a la anarquía y como un instrumento para facilitar la acción coordinada de la comunidad mundial.
Desafíos históricos. Durante los pasados dos años, la ONU ha debido enfrentar algunos de los eventos más traumáticos de su historia. Tanto la invasión de Iraq por parte de una coalición de países al margen de las resoluciones del Consejo de Seguridad, como el trágico atentado contra las oficinas de la ONU en Bagdad, en el que perecieron 22 miembros del personal de la organización, son síntomas de una tendencia a debilitar las tareas que la ONU ha hecho suyas desde su creación en 1945.
Se ataca a la organización no porque sea irrelevante de cara a los retos del presente y futuro, sino precisamente por lo contrario: porque los 191 países del mundo que la integran le confieren una legitimidad inigualada al mensaje de moderación y tolerancia que la ONU simboliza. Ese mensaje implica una denuncia de la libertad irrestricta para actuar con la que sueñan algunos gobernantes y grupos intolerantes.
Es desafortunado que ese ataque tenga lugar en nuestro tiempo, en el que la acción concertada de la comunidad internacional ha dado pasos significativos para solventar algunos de los más urgentes problemas de la humanidad. Como alguna vez lo señalara el historiador Arnold Toynbee, a las generaciones actuales les ha sido dado el inmenso privilegio y la responsabilidad de ser las primeras en toda la historia que tienen en sus manos la posibilidad material de erradicar las peores formas de miseria.
Pese a limitaciones, retrocesos e iniquidades, esa responsabilidad no ha pasado inadvertida. Debemos reconocer los grandes éxitos alcanzados durante la última generación en la elevación del nivel de vida una gran parte de la humanidad. En las últimas tres décadas, la esperanza de vida en los países pobres ha aumentado en ocho años y las tasas de analfabetismo han caído a la mitad. Aumentar los niveles de desarrollo humano es posible.
Objetivos para el 2015. Tales cifras no esconden el hecho de que 1.200 millones de seres humanos sobreviven con menos de un dólar al día, ni que incontables formas de violencia y marginación siguen definiendo la vida de una gran parte de la humanidad. Es por la continuidad de tales ofensas a la dignidad humana, pero también por la evidencia de los beneficios que la acción colectiva de la comunidad internacional es capaz de alcanzar, por lo que en el año 2000 los líderes de 189 países acordaron suscribir la Declaración y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), un ambicioso conjunto de metas nacionales e internacionales de desarrollo, dotado de un nivel de especificidad y consenso internacional nunca antes logrado.
Los objetivos a satisfacer antes del año 2015 son: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud maternal, combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una asociación mundial para el desarrollo que propugne, por la adopción de reglas no discriminatorias de comercio internacional, el aumento drástico de la cooperación oficial al desarrollo y la amplia diseminación de los beneficios de las nuevas tecnologías.
Ruta ética y esperanza. Esos compromisos de las naciones ricas se complementan con el correlativo deber, por parte de las naciones pobres, de aprovechar constructivamente las oportunidades derivadas de esta alianza, mejorando sus niveles de gobernabilidad, fortaleciendo sus instituciones y, en particular, combatiendo la corrupción.
Los ODM son una ruta ética y una esperanza, pero requieren más que una declaración. Erradicar la pobreza y la marginación es menos un asunto de dinero que de solidaridad elemental y voluntad política. Los $156.000 millones anuales en ayuda oficial al desarrollo que se necesitan para hacer cumplir los ODM palidecen frente a los $794.000 millones que anualmente gasta el mundo en armamentos, los más de $350.000 millones anuales que pagan los países desarrollados en subsidios para sus agricultores y los $470.000 millones de las 25 fortunas más grandes del planeta. Los recursos económicos para convertir en realidad a los ODM no faltan, sobran.
Ejemplo de Costa Rica. La necesidad de un compromiso político inequívoco late en cada uno de los ODM, pero especialmente en la creación de una alianza mundial para el desarrollo. Suscribir reglas justas para el comercio mundial y aumentar la cooperación externa por parte del mundo desarrollado necesita de decisiones políticas cuya valentía solo es superada por la que demanda combatir sin concesiones la corrupción política en los países en desarrollo. Me siento afortunado de estar presenciando en estos días en Costa Rica la acción de un estado de derecho que funciona, de unos tribunales que trabajan con independencia y de una ciudadanía que no pide la eliminación de las instituciones democráticas, sino su fortalecimiento mediante la rendición de cuentas y el fin de la impunidad de los líderes políticos. En su valiente lucha contra la corrupción las autoridades costarricenses están dando una muestra del compromiso que precisamos para convertir a los ODM en algo más que una quimera.
Así, volvemos al punto de partida: tanto en el ámbito internacional, como en el nacional, no necesitamos menos instituciones, ni menos instrumentos de gobernabilidad, ni menos mecanismos para canalizar la voluntad colectiva, ni menos normas jurídicas, sino más y mejores. Para que continúe vigente el deseo de paz, desarrollo y respeto a los derechos humanos, se requiere la voluntad decidida de los países para que la ONU desempeñe un papel preponderante en este sentido y dado que esta organización no es otra cosa más que el espejo de la voluntad de las naciones que la integran.
Esa es acaso la importancia de la ONU y su misión fundamental: permanecer como un signo de que un orden internacional fundado en las instituciones, el derecho y la cooperación es posible. Si no existiese la ONU, tendríamos que inventarla. La alternativa de ella sigue siendo la oscuridad.