EscucharLos acontecimientos habrán hecho reflexionar a los escépticos con el proceso de concertación. Más de uno estará deplorando no haber seguido ese camino en lo que a la reforma del ICE se refiere. Porque a todos pueden incomodarnos los bloqueos de vías públicas y los paros y, más que eso, nos hiere y asusta el enfrentamiento producido entre la policía y estudiantes. Puede lamentarse el haber tenido que llegar a este recurso de protesta, pero no a lo que la motivó: la insatisfacción que con el proceso de reforma del ICE nos afecta a un mayoritario número de ciudadanos.
Hay que buscar el fondo de la cuestión: está bien pedir la modernización del ICE y del aparato estatal, pero para hacerlo es igualmente indispensable avanzar en la modernización de la democracia costarricense.
Varios comentaristas de los medios y gremios patronales han recurrido insistentemente al argumento institucional para desautorizar las protestas nacionales. Su razonamiento se basa en lo que consideran esencial en el sistema representativo: nadie, dicen, debe dictar a los parlamentarios lo que deben pensar o decidir. Suplantar las decisiones de los organismos representativos, añaden, sólo crea desorden. Por supuesto que esos argumentos literalmente son válidos. Lo eran también en época de don Ricardo y don Cleto, y del primer gobierno de don Pepe y lo siguen siendo hoy. Pero que sean válidos en principio no nos dice nada de las exigencias que surgen en su realización histórica.
Escenario inédito. La Costa Rica que inicia este milenio está a enorme distancia de la vieja democracia cafetalera del primer tercio del siglo XX, o de la que se rehizo tras la Guerra del 48. Allí se relanzó un proceso que nos ha conducido a un escenario bastante inédito. Una cosa es gobernar representativamente para un país de, por ejemplo, 500.000 habitantes, con un analfabeto por cada tres ciudadanos, predominantemente rural, una expectativa de vida que apenas rondaba los 45 años y sin seguridad social; y otra, muy diferente, hacerlo para una población siete veces mayor, mucho mejor educada, más consciente y experimentada en sus derechos sociales y políticos y expuesta a una información internacional que le hace continuamente ampliar sus aspiraciones de calidad de vida. Nuestra sociedad actual, además, ha ido desplegando, con su desarrollo institucional de los últimos 55 años, y su proceso de apertura, un entramado cada vez más complejo de relaciones, de intereses gremiales y de estratos, más heterogéneo y pluralista.
En este marco recurrir simplemente al argumento de respeto a las instituciones representativas, es desconocer la realidad de que en la práctica de la elaboración de políticas públicas, no se pueden separar con precisión los momentos de expresión de preferencias, de proyección de influencias y de toma de decisiones, como si las primeras, propias de la sociedad civil, estuvieran separadas de las últimas, reservadas en exclusiva al gobierno. De hecho las formas en que todos se funden son cada vez más complejas. Y de mantenernos en la institucionalidad formal, aquellos con cuota de poder e influencia real más fuerte en el gobierno, son quienes acaban determinando el rumbo de las políticas públicas, en vez de hacerlo todos los diversos grupos que son afectados por las calles, que sería lo éticamente correcto.
Pérdida de credibilidad. Por añadidura, el panorama político se ha transformado. El creciente abstencionismo electoral es sólo uno de los signos de la pérdida de credibilidad que la clase política ha experimentado, y no sólo en nuestro país. Se agrava la situación cuando el pueblo intuye que el comportamiento de muchos políticos, independientemente de cuál partido se trate, se parece más al de un gremio burocrático, defendiendo sus intereses propios o de los grupos económicos con quienes están más vinculados.
El ejercicio de la representatividad en esta Costa Rica pide entonces una modernización seria, una ampliación de los mecanismos permanentes de consulta y de espacios de participación ciudadana. Con igual fuerza que se ha pedido la creación de mecanismos de rendición de cuentas, hay que esforzarse por construir instrumentos que amplíen los procedimientos de análisis y discusión sobre las grandes reformas nacionales y sobre las políticas que más afectan la vida de los ciudadanos. Y garantizar que los resultados de lo que así se concierte, se articularán con el esquema vigente de gobierno. No es sólo una tarea política, es también ética, por cuanto integra el bienestar de cada sector ciudadano y no sólo de la mayoría. De no avanzar en esta dirección, las protestas populares no encontrarán cauce satisfactorio y seguiremos, no sólo experimentando molestias por ellas, sino quizás pérdidas mayores.
Para modernizar al ICE y al aparato estatal, no es un hombre fuerte lo que hace falta, es, sobre todo, una democracia más moderna y profunda.
