EscucharEn psiquiatría, el criterio diferenciante entre la neurosis, el trastorno de personalidad y la locura es la pérdida del sentido de la realidad. El loco, a diferencia de aquellos estados que perciben la realidad, no se angustia por sus preocupaciones o ilusiones, sino que vive en ellas porque cree que son la realidad.
A la mente social o pensamiento y creencias predominantes en el grupo le pasa algo parecido en sus estados patológicos, aunque no por razones orgánicas o genéticas -caso del loco-, sino porque el mito o la alienación - pensamiento falso fabricado por los interesados en controlar el grupo social- le crea una falsa realidad para que tome decisiones erradas en su beneficio. Ello ocurre cuando, por ignorancia o candidez, se abandona el pensamiento crítico basado en los hechos tal como son, y no falseados por el mito, que se acepta sin examen.
Causa de decadencia. Pero así sucede con alarmante frecuencia en el pensamiento político, y en el discurso público, por lo que nuestro país ya es candidato a llamarse "Mitolandia", en vez de su hermoso nombre. Y ahí está una de las más importantes causas de su decadencia política.
Excelente ejemplo de esta patología que carcome las instituciones patrias es el dictamen cándido de una comisión legislativa, que recomienda al plenario reformas a la Ley de la Contratación Administrativa basadas todas en la falsa premisa de que son las apelaciones ante la Contraloría las que retrasan los procesos de licitación.
Absolutamente falso, y abundantes estudios de la Contraloría así lo demuestran. Uno de ellos, en la CCSS, si mal no recuerdo, fue ampliamente divulgado en dos magníficos reportajes de este periódico, hace como un año, y demostró a) que una buena parte de las adjudicaciones no se apelaban; b) que una parte importante de las compras se realizaban en forma directa y, no obstante, tardaban muchísimo. Otro, en el ICE, igualmente objeto de un reportaje, encontró igualmente tardanzas e incurias totalmente injustificables en el trámite, que eran la verdadera causa de los atrasos. En un caso, la adjudicación, ya confirmada por la Contraloría, tardó meses en pasar de un escritorio al otro para el sencillo trámite de refrendo del contrato. En el INS se determinó que el 90% del tiempo se consumió en trámites internos de duración totalmente injustificada. Espectáculos similares se encontraron en AyA, Recope y la Municipalidad de San José (véanse informes Contraloría DFOE 4245; 5178; 4523; 4523; 4519; 5174; 4264, todos del 2004).
Descomunal violación. Tan aplastantes evidencias las ignora puerilmente el proyecto, que se creyó el mito y arremetió hacia donde este quería: a) A reducir los plazos de estudio y adjudicación, así como de impugnación del cartel por los interesados, a extremos y formas que los nulifican y que permiten que las trampas, puestas ahí gracias a la generalizada corrupción de proveedores y cómplices internos, pasen impunes. ¿O es que los sonados casos que han salido a la luz pública son hechos aislados, y no apenas la punta del iceberg como lo son? b) A reducir el plazo de estudio por la Contraloría a extremos que, en licitaciones -intencionalmente complicadas y confusas- resultan imposible de cumplir, y que solo conducirían a decisiones atropelladas de confirmación. c ) A abrir un portillo del tamaño de la boca de La Sabana para que, como casos de excepción, todo se convierta en contratación directa, en violación directa de la Constitución Política. De nuevo se pretende retornar a la triste época de los "contratos sin licitación", antecedente con otros, de la revolución del 48.
Por el contrario , el proyecto no arremete contra las verdaderas causas del atraso: a) La lentitud burocrática interna, previa y posterior, totalmente injustificable. b) Los carteles contradictorios y confusos, para montar el "chorizo". c) La exigencia innecesaria de conocidos factores de enredo y trampas, como certificaciones y requisitos que racionalmente solo cabe exigir al adjudicatario, y no al simple oferente, para lo cual bastaría elevar el monto de la garantía de participación, porque nadie en su sano juicio se arriesgaría a perderla ofreciendo sin cumplirlos. d) La omisión de un paso esencial como el contradictorio previo -pese que lo ordena la Ley General de la Administración Pública- porque solo los propios interesados están en capacidad de develar a tiempo, antes de la adjudicación, las trampas de sus contrarios. e) Una verdadera transparencia total, como lo permite ahora Internet, según se ha puesto en práctica con éxito en otros países, aunque hay que reconocer que hace un tímido avance en ese sentido.
Gracias a su ingenuidad, la propuesta recomendada solo puede potenciar al máximo las irregularidades que ya campean por todas partes, por lo que debe ser rechazada.
