EscucharLa fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) para la antigua Yugoslavia, Carla del Ponte, ha hecho una primera declaración inteligente y astuta, horas después que el expresidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, fuese extraditado a La Haya por el Gobierno serbio. Del Ponte se ha apresurado a aclarar que se trataría de un "juzgamiento individual contra Milosevic y, en forma alguna, un juzgamiento contra el pueblo serbio".
De esa manera, ha tratado de salir al paso de la crisis política que se ha desatado en Belgrado a raíz de la extradición, resultante de la indignación de algunos miembros del DOS (Oposición Democrática de Serbia), liderada por el actual presidente Vojislav Kostunica. A la vez, el primer ministro de Montenegro, Zoran Zizic, dimitió ayer en protesta por la extradición. En este momento, toda la clase política de Yugoslavia se encuentra en estado de convulsión, en un debate que linda entre un nacionalismo acérrimo y un estado de estupor ante la rápida evolución de los acontecimientos.
Esta evolución no debe, sin embargo, sorprender a nadie. El mismo pueblo serbio que echó del poder a Milosevic y su esposa, hace menos de un año, por considerar que habían usurpado el poder y abusado de él para embarcar a Yugoslavia en una desgastadora y absurda guerra étnica, ha reaccionado complejamente ante la extradición, supuestamente apelando a una resolución nacionalista y doméstica. Kostunica y otros líderes regionales habían estado apostando por un juzgamiento interno, fundamentado en los principios de autonomía jurídica y de territorialidad del delito y la acción penal. Esta fue la misma posición de parte de la población chilena que, en su oportunidad, aún reconociendo la posibilidad de los delitos cometidos por Pinochet, apostaban por un proceso en los tribunales de Santiago. Cosa que lograron, por cierto.
En el caso de Milosevic, esto ha funcionado en forma distinta, aplicándose la pauta de que, en delitos de lesa humanidad, de magnicidios y, en general, de crímenes contra la humanidad, opera la extraterritorialidad por el carácter erga omnes del valor tutelado. Se tiene documentado un total de 740.000 deportaciones étnicas y 340 muertes como resultado de su campaña de limpieza étnica, en las guerras de Kósovo y Bosnia. De este modo, si en lo sustantivo entra a operar un bloque de legalidad internacional (en este caso los distintos instrumentos de Naciones Unidas contra el magnicidio, por un lado, y contra la tortura y vejámenes contra la dignidad humana, por otro), consecuentemente también existe una extraterritorialidad en materia jurisdiccional. De ahí que proceda el juicio de Milosevic en La Haya.
Esto es difícil de entender para el pueblo serbio, por más que hayan derrocado a Milosevic y lo tuviesen detenido en Belgrado. La inercia de los nacionalismos sigue apostando por resolver endogénicamente problemas que, dentro del nuevo orden de legalidad internacional en materia de derechos humanos, pueden y deben ser resueltos en las instancias internacionales justamente creadas para ello, como el TPI para Yugoslavia. Los derechos humanos son responsabilidad de todo el planeta y no de un gobierno específico. La actual convulsión en Belgrado, en todo caso, puede que se apacigüe en los próximos días conforme se concrete la masiva ayuda de $3.500 millones ofrecidos por EE. UU y por la Unión Europea, como primera respuesta de apoyo por la extradición del Milosevic. Los actuales dirigentes serbios deberían actuar con inteligencia, dar la vuelta a la página y empezar con esa ayuda internacional la urgente reconstrucción de su país.
