Los objetivos que el nuevo presidente de México, Vicente Fox, ha anunciado en su toma de posesión son ciertamente ambiciosos. Quizá parezcan excesivos para un sexenio de gobierno, después de más de siete décadas de gestión autárquica del PRI. Sin embargo, la sana ambición y la amplitud de miras son los únicos ingredientes que pueden garantizarle éxito para cambiar la historia de México, el país con mayor población hispanohablante del planeta. Apostando a mucho, puede que no logre todo, pero sí algunos cambios decisivos y profundos.
Fox ha anunciado, en primer término, además de la paz en Chiapas, un programa descentralización financiera y administrativa en un país en que el Gobierno Federal maneja el 78 por ciento del gasto público. Ciertamente, es un porcentaje muy grande, que evidencia con números cómo el Distrito Federal y el centralismo ideológico del PRI desarrollaron un federalismo atenuado, profundamente dependiente del verticalismo político y de la red de influencias que, desde la relación Estado-partido, se gestaban a partir de esa figura semimítica y todopoderosa que es la presidencia mexicana. En segundo término, Fox propone una profunda reforma macroeconómica, que extiende el equilibrio financiero logrado por Zedillo en los últimos años y que, aunada a una reforma fiscal y tributaria de fondo, permita la captación de nuevos ingresos que posibiliten atacar la deuda interna y generar inversión social que combata la pobreza. Sus objetivos incluyen una tasa de crecimiento del 4,5 por ciento durante el primer año para llegar, luego, al 7 por ciento, proponiéndose llevar la inflación de un 7 por ciento del primer año al 3 por ciento en el tercer año.
El problema actual de México, sin embargo, no es macroeconómico. La gestión fundamental de Zedillo fue nivelar los índices financieros del país, cosa que logró acertadamente. El actual PIB per cápita del país es 21,4 por ciento superior al de 1994 y, duante ese período, el ahorro interno creció efectivamente en un 12 por ciento. Después del descalabro financiero de Salinas de Gortari y su catastrófico gobierno, Zedillo dedicó la mayoría de su tiempo a recomponer los equilibrios financieros del país y evitar que entrara en una escalada de inflación inmanejable. El principal problema de México es la pobreza. Fox hereda no solo de Zedillo, sino de una historia de muchas décadas una sociedad profundamente desigual. Desde hace varios lustros, las tendencias a la pérdida de capacidad adquisitiva del salario, la escasa disponiblidad de crédito, la fragilidad creciente de las pequeñas y medianas empresas nacionales, hacen que la pobreza siga creciendo como una bomba de tiempo. Cerca de un 43 por ciento de los méxicanos hoy día viven por debajo del límite de la pobreza extrema. En ese contexto, una audaz reforma tributaria y de controles fiscales parece urgente. Solo cobrando más y mejor los impuestos, Fox podrá invertir la historia secular de injusticias y de salvajes diferencias económicas y sociales que marcan a México.
La audaz propuesta que Fox se propone hacer realidad hacia fines de su mandato, consistente en una inversión en educación del 8 por ciento del PIB, es, ciertamente, la más certera y definitiva puerta de entrada a la modernidad. La única posibilidad de que México tenga algún día una gran clase media, robusta y con amplia capacidad de compra, hecho socioeconómico que constituye el rasgo común de los países desarrollados, dependederá de una vasta inversión en educación y salud, los dos más importantes resortes del desarrollo. Pues bien, ese esencial objetivo solo será posible a partir de la reforma tributaria. Por decirlo de alguna manera, se trata de una cadena de retos y de reformas y cambios, estrechamente interdependientes. Una alquimia de reformas políticas y económicas sumamente compleja. Esa es la enorma tarea que el Presidente Fox tiene por delante.